El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, integrante de la delegación que venía a Venezuela desde Panamá el pasado lunes 3 de febrero, aseguró que, «Nicolás Maduro no tiene intención para una transición democrática».
«Aunque la organización tiene el diagnóstico de que hay una situación de violaciones a los DDHH, la cual se consideran sistemática en algunos casos, no podían dejar de intentar ingresar al país para observarla en el terreno».
“Creemos muy importante terminar con esta visita, realizar nuestro informe y creo que queda claro que este gobierno que no tiene ninguna voluntad en una transición democrática y mejorar de manera urgente la situación de violaciones a los DDHH y encontrar un camino, como muchos estados han insistido, de un diálogo para retomar la democracia y las garantías a la protección de los DDHH”, indicó el relator especial en entrevista exclusiva para TalCual.
“La expectativa era poder cumplir con el mandato que los estados le han dado a la CIDH, que es observar la situación de los DDHH en los países de la región. Hemos estado en casi 10 países aceptados por todos los estados para las misma áreas, incluso en situaciones difíciles, o de la misma magnitud que Venezuela, desde Nicaragua, pasando por Bolivia, Ecuador, Chile recientemente, El Salvador, Guatemala, Honduras en el pasado reciente”, expresó desde la ciudad de Cúcuta.
Es conocido que en países con regímenes de facto como el Perú de Fujimori, la Comisión ha podido ingresar para realizar la visita in loco. ¿Es éste el primer caso donde les impiden la visita?
– Obviamente no es que las dictaduras hayan tenido una apertura permanente a la comisión, eso tampoco es así porque cuando se hizo la represión más dura en Argentina, Chile o Uruguay, las del cono sur, la Comisión no entró, pero sí una vez que los familiares, como está ocurriendo hoy, comienzan a exigir justicia y empiezan a denunciar las desapariciones, torturas y muertes, finalmente la presión internacional hizo que la Comisión pudiera entrar.
Fue muy conocida la visita del 79 (1979) de la Comisión a Argentina, luego pudo visitar Uruguay, Chile, el Perú de Fujimori en el 90, donde siempre la comisión expuso claramente a la Comunidad Internacional cuáles eran las vulneraciones a los DDHH que estaban ocurriendo.
En Nicaragua es cierto que ahora no lo están permitiendo pero lo permitió luego de la crisis y la presión de abril (2019). Es el panorama comparado, es desde 2002-2003 que la Comisión no ha ingresado a Venezuela y ahora hay una posición de rechazo.
– ¿El argumento que utiliza el Gobierno de que Venezuela denunció la Carta Interamericana y salió del sistema es válido para evitar el ingreso de la Comisión?
– La situación del caso de Venezuela en cuanto a que no pertenezca al sistema está en cuestión porque la mayor parte de los países de la región no reconoce al gobierno de facto; reconoce al gobierno provisorio que eligió la AN y ha retirado la renuncia a la Carta. Jurídicamente a nivel de Derecho internacional está bastante en cuestión.
En segundo lugar, la Comisión tiene un mandato que va más allá de los instrumentos puntuales. Hay que ver que el propio gobierno de facto se mantiene en muchas convenciones que son del sistema interamericano, como la convención contra la desaparición forzada; contra la violencia contra la mujer, contra toda forma de tortura, todas esas convenciones no han sido denunciadas.
En la creación de la OEA uno de sus componentes fue darle a la comisión un mandato amplio para observar la situación de DDH más allá de los estatus de los estados, y nuestra interpretación como personas de protección de los DDHH en un país que se están violando los mismos, es que la comisión ha decidido mantener el monitoreo.
«Lo que no comparto es que sea ilegítimo que la comisión tenga facultades para monitorear la situación en Venezuela. La sociedad civil sigue asistiendo al sistema. Tenemos una cantidad de casos a los que estamos haciendo seguimiento a medidas cautelares que hemos otorgado y sería una irresponsabilidad no darle cumplimiento a estas víctimas».
– ¿El gobierno de Nicolás Maduro impide la entrada de la Comisión y se queda tranquilo? ¿Qué procede ahora hacer ante la situación?
– Hay dos planos. Estamos en Cúcuta, activamos un plan B ante el hecho de que nos expulsaran o no nos permitieran el ingreso para la visita in loco. Tuvimos una reunión con familiares de víctimas y periodistas en Bogotá que están exiliados pero tienen, digamos, a familiares que han sido torturados o asesinados, o también periodistas bajo proceso penal que están en el exilio y nos dieron información sobre cada uno de esos procesos y situaciones.
Ahora estuvimos en Cúcuta donde siguen miles de emigrantes pasando por la frontera, apreciando y dando registro hablando con la gente y las vicisitudes que están pasando.
En este momento estamos en un espacio repleto de organizaciones, víctimas y activistas de Venezuela que han venido a Cúcuta que nos han informado sobre distintos temas como las arbitrariedades del TSJ, los impedimentos para el funcionamiento del Estado de Derecho, la situación de persecución política, el anuncio de que el Gobierno podría nombrar directamente las autoridades universitarias violando la autonomía universitaria.
Nuestros informes son escuchados por Naciones Unidas, la Unión Europea, y los países del hemisferio.
El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, explicó que la delegación que vio impedida su visita in loco a Venezuela procedió a documentar casos venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta y preparará un informe sobre el Estado venezolano que engrosará el expediente de la Corte Penal Internacional.
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