Proyecto Educación, Producción y Ambiente denuncia daño por minería ilegal en Táchira
/ Foto: Cortesía (Doble Llave)

La iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA) denunció este martes el daño ambiental causado en Táchira, estado fronterizo con Colombia, por la ejecución de actividades de «explotación, extorsión, microtráfico, narcotráfico y contrabando de minerales».

«Así como ocurre la minería ilegal, extracción de minerales y recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco, que ya se ha venido denunciando de manera reiterativa, igualmente ocurre en el estado Táchira, exactamente en el municipio Lobatera», puntualizó el coordinador de Proyecto EPA, Elías Cáceres, reseñado en una nota de prensa de la ONG Fundaredes.

Desde el proyecto EPA, conformado por las ONG Fundaredes, Fundesus, Fundeturan y la Fundación Gerencia Social y Desarrollo Humano Sostenible (Ceides), aseguraron que se trata de una «extracción inconsciente que se está haciendo en estos terrenos y que está produciendo un daño a nuestra ecología, un daño a nuestro medio ambiente».

Cáceres destacó que zonas del estado fronterizo como Minas del Carbón, El Rodeo, La Parada, Montaña, Molino, Casadero y Platanales son parte de las áreas más afectadas por la minería ilegal.

Denuncias constantes

Ante esto, hizo un llamado al Estado venezolano para que den la importancia requerida a estas denuncias que, aseguró, se han hecho públicas desde el año 2019.

«Es necesario que se tome en cuenta esta grave situación, ya que es evidente el daño que se le está haciendo al ecosistema y a las poblaciones de esas zonas», apuntó el coordinador de EPA.

Al inicio del mes de febrero, la ONG Fundaredes denunció «el grave impacto ambiental y los destrozos» en el amazónico estado Bolívar, ubicado en el sur del país, por la explotación de oro que realizan empresas autorizadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

«Sin control alguno, continúa el grave impacto ambiental y los destrozos al pulmón vegetal en el estado Bolívar por parte de las empresas transnacionales autorizadas por el Gobierno nacional para la explotación del oro, aunado a las acciones de los grupos criminales que hacen vida en la región», dijo la organización en un comunicado de prensa. EFE




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