Ricardo Martinelli.(EFE)

El Gobierno de Estados Unidos subrayó hoy que la extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli a Panamá por los cuatro delitos por los que fue solicitada siguió el “proceso normal” bajo el tratado bilateral y corresponde ahora “a los tribunales panameños determinar su culpabilidad o inocencia”.

“Su caso siguió el proceso normal de extradición bajo el tratado bilateral y la legislación estadounidense y fue gestionado de acuerdo con los procedimientos legales aplicables”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.

El Departamento de Justicia dijo que la extradición de Martinelli supone “un testimonio” de su compromiso de cumplir con las obligaciones del tratado de extradición entre los dos países.

El fiscal del distrito sur de Florida, Benjamin G. Greenberg, aseguró en un comunicado que el Departamento de Justicia “está comprometido con la defensa del Estado de derecho y garantizar que la justicia se lleve a cabo de manera apropiada para todas las partes”.

El pasado viernes 8 de junio el Gobierno estadounidense dio luz verde a la extradición del expresidente panameño, que se produjo a primera hora de hoy.

Martinelli, de 66 años, reclamado por la Corte Suprema de su país por cuatro delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que funcionó durante su Presidencia (2009-2014), había sido arrestado en Miami en junio de 2017.

“Corresponde a los tribunales panameños determinar la culpabilidad o inocencia del señor Martinelli por los cargos por los que fue extraditado”, agregó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en su nota.

La abogada de Martinelli, Inna Shapovalov, advirtió el pasado 30 de mayo que si el expresidente era entregado a la Justicia de su país, existía la posibilidad de que recibiera un trato inhumano, que fuera torturado por las autoridades y que no se respetara el debido proceso.

La defensa hizo mención a una invocación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes para justificar su oposición a la extradición.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Donald Trump señaló que la decisión de extraditarlo no contraviene las obligaciones de EE.UU. bajo dicha convención y sugiere que puede ser que el significado de la palabra “tortura” usada por la defensa no sea el que contempla esa convención o bien que “es más probable que no sea torturado” que el que pueda serlo.




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