El Gobierno estadounidense impuso hoy sanciones contra trece funcionarios y exfuncionarios venezolanos por abusos contra los derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia, con el fin de presionar al Gobierno de Nicolás Maduro cuatro días antes de la elección de la Asamblea Constituyente.
Este martes 25 de julio, una lista de varios funcionarios del Gobierno de Venezuela fue extendida por los senadores Marco Rubio y Bob Menendez al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en búsqueda de sanciones antes de la realización de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), antes del 30 de julio, fecha en la que el Ejecutivo prepara una elección para implantar una constituyente que derogue la Constitución vigente.
Son los sancionados: Elías Jagua, ex vicepresidente de Venezuela; Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; por movilizarse «activamente» en apoyo de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y por «minar la democracia y los derechos humanos en Venezuela«.
Por esa misma razón fueron sancionados Tarek William Saab, el Defensor del Pueblo, e Iris Varela, miembro de la comisión presidencial preparatoria de la Asamblea Constituyente.
Cinco otras personas fueron sancionadas por su relación con actos de represión y violencia, además de Reverol, Carlos Pérez Ampueda (director da Policía Nacional Bolivariana, PNB), Sergio Rivero (comandante general de la PNB), Jesús Suárez (Comandante de la PNB) y Franklin García (ex director de la PNB).
Finalmente, otras cuatro personas fueron incluidas en el paquete de sanciones por actos de corrupción.
En este grupo están Rocco Albissini, presidente del Centro de Comercio Exterior; Alejandro Fleming, viceministro de la cancillería para Europa; Simón Zerpa, vicepresidente financiero de la estatal PDVSA y Carlos Malpica, ex tesorero de la petrolera.
Eventuales activos que estas personas posean en Estados Unidos resultarán congelados por el Tesoro. Además, estas personas quedan ahora prohibidos de realizar acuerdos comerciales con ciudadanos estadounidenses.
