Estados Unidos sancionó el viernes a cuatro militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, en relación con la muerte por presuntas torturas del militar Rafael Acosta, detenido por supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro.
El Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra al general de división Rafael Ramón Blanco Marrero, subdirector de la DGCIM; al coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de investigaciones de la DGCIM; al mayor Alexander Enrique Granko Arteaga, titular de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM; y al coronel Rafael Antonio Franco Quintero, exdirector de investigaciones de la DGCIM.
El Tesoro dijo en un comunicado que «la DGCIM, incluidos estos funcionarios, ha sido acusada de abusos sistemáticos de los derechos humanos y de reprimir la disidencia», señalando que la decisión fue tomada «tras el arresto, abuso físico y muerte» de Acosta.
«Estados Unidos utilizará toda su autoridad para atacar a aquellos que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir la disidencia, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano», dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, citado en el texto.
La sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y activos que los afectados tengan directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos, así como la prohibición de toda transacción legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses.
El Tesoro incluyó a la DGCIM en su lista negra el 11 de julio.
Estados Unidos, que lidera la presión internacional para sacar del poder a Maduro, cuyo gobierno considera ilegítimo, ha sancionado a decenas de funcionarios, exfuncionarios y entidades de Venezuela en los últimos dos años.
Este viernes, el Tesoro volvió a subrayar, como viene haciéndolo en los últimos meses, que las sanciones pueden retirarse si los afectados «toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, denuncian los abusos cometidos por el gobierno y combaten la corrupción en Venezuela».
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