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Nicolás Maduro. (Cortesía)
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El Gobierno, a través de la Asamblea Nacional Constituyente recién instalada ya tomó decisiones que anulan o someten a instituciones no aliadas como la Fiscalía o el Parlamento, asimismo, organismos que no objetan las acciones del oficialismo, se han encargado de inhabilitar el sector opositor.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido acusado de injusto por tomar decisiones que solo favorecen al Gobierno de Nicolás Maduro, se ha encargado de inhabilitar políticamente a dirigentes como el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles, así como a más de una docena de alcaldes opositores.

Desde el Poder Electoral, también acusado de servir al Gobierno, se ha difundido una lista de partidos políticos que pueden participar en las próximas contiendas electorales y se advierte que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no podrá postular candidatos para algunos importantes estados.

Estas son varias de las acciones que han suprimido a los sectores que pudieran contener, criticar o supervisar al Gobierno sin contar el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado se han ocupado de reprimir las protestas de calle, y varios alcaldes han sido inhabilitados o encarcelados por permitir estas manifestaciones.

Las amenazas, en forma de promesas electorales que se hicieron desde la campaña electoral para la asamblea constituyente que se eligió el pasado 30 de julio, se han ido cumpliendo pese a las denuncias de fraude que pesan sobre ese proceso de votaciones.

La MUD, el Ministerio Público (MP) que dirigía la ahora exfiscal general Luisa Ortega, disidentes chavistas y la compañía que se encarga de contabilizar el voto electrónico en Venezuela, Smartmatic, han denunciado delitos que supuestamente se cometieron durante la elección de la Constituyente.

Asimismo, buena parte de la comunidad internacional se ha pronunciado en contra de esta asamblea conformada solo por chavistas y muchos han anunciado que la desconocen.

Ortega fue el primer asunto del que se ocupó la recién electa asamblea que el pasado sábado, un día después de su instalación, removió a la entonces fiscal que no solo se había ocupado últimamente de criticar al Gobierno y su iniciativa constituyente, sino que estaba iniciando investigaciones por corrupción dentro del chavismo.

El segundo paso de este nuevo foro fue nombrar a un nuevo fiscal y designó a Tarek Saab, un exgobernador chavista que hasta ahora se desempeñaba como defensor del Pueblo y que también había sido señalado de actuar solo a favor del chavismo.

Maduro manifestó su complacencia por la remoción de Ortega un día después: “El magno poder legislativo que lo puede todo ayer tomó una decisión clara, necesaria para que haya justicia y paz”.

El tercer paso de la Constituyente ha sido instalarse en el hemiciclo de sesiones que hasta ayer ocupó el Parlamento de contundente mayoría opositora e impedir la entrada a los diputados antichavistas.

Pero esto, según el mismo oficialismo, parece ser solo la activación de un cartucho de proyectiles que se disparan desde la asamblea constituyente que además incluye eliminar la inmunidad parlamentaria a diputados opositores e inhabilitar políticamente a los que han convocado a protestar contra el Gobierno.

La asamblea chavista tiene pendiente, a muy corto plazo, la creación de una “Comisión para la Verdad” para castigar, “hacer justicia” y resarcir a las víctimas de la violencia en el marco de la ola de protestas antigubernamentales registradas en los últimos meses que ha dejado más de 120 fallecidos.

Todo esto ocurre mientras las convocatorias de la oposición a protestar en la calle se ven cada día más disminuidas, con menos participantes y en menos lugares, mientras los partidos reunidos en la MUD debaten si deben o no participar en los comicios regionales que el Poder Electoral ha puesto en agenda para diciembre próximo.




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