(Foto CNN)
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Cuatro de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) serán señalados ante la Fiscalía luego de que el Parlamento resolviera responsabilizarles por llevar adelante el proceso para elegir a quienes redactarán una eventual nueva constitución.

La decisión de la Asamblea Nacional del país caribeño responsabiliza a las cuatro representantes del Poder Electoral por convocar, para el próximo 30 de julio, la elección de los nuevo corredactores de una Constitución, sin que antes se le haya consultado a los ciudadanos si desean una nueva carta magna.

Este eventual nuevo texto echaría por tierra la constitución vigente aprobada en 1999, elaborado en un proceso constituyente similar, adoptada tras un referendo aprobatorio y precedido por uno consultivo que preguntó a los ciudadanos si querían una nueva constitución.

En un acuerdo que expresa varias decisiones de la Cámara, los opositores -con el control de la mayoría parlamentaria- resolvieron denunciar ante el Ministerio Público a las rectoras del CNE que participen en el desconocimiento de la soberanía popular, según el escrito leído al final de la sesión.

Los rectores del CNE, cuatro mujeres y un hombre, han sido acusados en reiteradas oportunidades de servir al Gobierno chavista, todas menos el rector Luis Emilio Rondón, el único de los cinco vinculado con la oposición y cuyo padre forma parte del Parlamento.

La AN indicó que podrían incurrir en delitos “al dictar actos arbitrarios en detrimento al derecho de los venezolanos”, en referencia a la convocatoria para conformar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna propuesta por el presidente Nicolás Maduro sin que antes sean consultados los electores.

Asimismo, expresó formalmente su rechazó a “la actuación de la presidenta y demás rectoras de CNE por su complicidad con la usurpación de la soberanía perpetrada por quien detenta la presidencia de la República”.

Los parlamentarios exigieron al CNE que suspenda la elección de los miembros de esa Asamblea Constituyente hasta que presenten bases electorales que sean “compatibles con la democracia y hasta que sea convocado y celebrado un referendo en el que el pueblo resuelva que ejerce el poder constituyente”, añadió el escrito.

La bancada chavista, al igual que en otras sesiones, no participó del debate que considera ilegítimo, toda vez que la AN fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia por desconocer una orden de la máxima corte, por lo que los magistrados consideran que sus decisiones son nulas.

En medio de las críticas, el oficialismo pidió ayer al CNE modificar las bases de la elección e incluir un referendo consultivo al final de la elaboración del texto, pese a que esta posibilidad había sido negada antes.

Esto, sin embargo no ha frenado el reclamo de los opositores que hoy en la Cámara ratificaron, además, su “compromiso con la protesta”, que, aseguraron a través del acuerdo, “no cesará hasta el restablecimiento de la democracia”.

La oposición insiste en mantener las calles calientes y convocaron para mañana a una nueva marcha, esta vez hacia el CNE para expresar los mismos reclamos.

Por su parte, el chavismo empezó a recoger firmas en toda Venezuela para respaldar sus candidaturas de cara a la elección de la Constituyente, un órgano que tendrá además el poder de refundar el Estado y sus instituciones.

Iris Varela, quien además de ser ministra de Servicios Penitenciarios es miembro de la Comisión presidencia para la Constituyente y candidata, ha dirigido sus señalamientos a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, una funcionaria que, dijo, “se irá de allí”.

En una entrevista con el canal estatal VTV, Varela aseguró que Ortega, una crítica de la Constituyente- “está tratando de desempolvar todas esas denuncias infundadas” hechas contra el chavismo “para enseguida imputar, porque ella sabe que se va a tener que ir de allí”.

“Pero ella no se va a ir impune, ella va a tener que pagar por lo que está haciendo”, afirmó, y acusó a Ortega Díaz de haberse declarado “abiertamente” a favor “del fascismo”.

Venezuela vive desde el pasado 1 de abril una ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales han degenerado en hechos violentos que han dejado 65 muertos, más de mil heridos y al menos 422 detenidos.




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