La Cancillería venezolana alzó la voz un día más contra la presión internacional que en Naciones Unidas y a través de sanciones financieras ejerce Estados Unidos contra el país caribeño por la supuesta deriva totalitaria del Gobierno de Nicolás Maduro.
En una carta abierta a los estadounidenses, el Ministerio de Exteriores advirtió de que las «decisiones unilaterales e ilegales del presidente Donald Trump ponen en riesgo la condición de Venezuela de proveedor de petróleo más cercano y seguro para EE.UU., lo que afectará al pueblo de esa potencia.
El pasado 25 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva con la que prohíbe las «negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal», en las primeras sanciones al sistema financiero venezolano.
La medida prohíbe también las negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela.
Según el Gobierno de Caracas, las sanciones podrían provocar una subida de los precios de la gasolina en EE.UU., y amenazan con hacer perder sus ahorros a miles de trabajadores ante el impacto en los fondos de jubilación por el veto que pesa sobre los bonos venezolanos.
La Cancillería insistió en que las sanciones de Trump por la instauración en la nación suramericana de la Asamblea Nacional Constituyente -un suprapoder calificado de dictatorial por sus detractores- tienen como objetivo precipitar una aventura militar contra Venezuela y apoderarse de los recursos naturales del país.
Además, la diplomacia chavista hizo un llamamiento al pueblo de los Estados Unidos a «liderar los esfuerzos para neutralizar las nuevas intenciones guerreristas de su Gobierno.
La misiva no fue el único mensaje que el Ejecutivo venezolano mandó hoy a Washington.
En una serie de tuits, su canciller, Jorge Arreaza, reprochó a la representante de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, haber hecho gala de «un descaro sin precedentes» por pronunciarse contra la intervención del propio Arreaza la semana que viene ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El ministro de Exteriores de Maduro le sugirió a Haley que se preocupe «por las atroces violaciones» que según él comete EE.UU. «en el mundo entero», y achacó su toma de posición sobre Venezuela al «notable nerviosismo» que estaría provocando en varias capitales «la acción internacional» de «la diplomacia bolivariana de paz».
La representante de EE.UU. en la ONU había tachado de «burla» que el Consejo de Derechos Humanos dé la bienvenida al ministro de Exteriores de un Gobierno como el de Maduro, que, según dijo, «sigue robando al pueblo venezolano su libertad y su prosperidad».
«Incluso el hecho de que Venezuela sea un miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU demuestra la desesperante necesidad de que sea reformado», indicó la embajadora estadounidense.
Las quejas de la Cancillería venezolana se dirigieron hoy también a Alemania, cuya canciller, Angela Merkel, recibió hoy en Berlín al presidente y el vicepresidente del Parlamento del país sudamericano, Julio Borges y Freddy Guevara.
Merkel transmitió a ambos la preocupación de su Gobierno por la situación humanitaria y de derechos humanos, y no descartó sanciones de la Unión Europea (UE) contra las autoridades venezolanas.
Arreaza reaccionó a ello acusando a Alemania de dar apoyo a «a políticos opositores que han atentado contra la democracia y la paz» en Venezuela, y pidió al Gobierno germano «informarse objetivamente» sobre lo que ocurre en el país petrolero.
«Instamos al Gobierno alemán a abandonar su posición parcializada sobre Venezuela. Su credibilidad internacional está en duda», añadió Arreaza en otra intervención en Twitter.
Borges y Guevara iniciaron este lunes una gira europea en la que ya han recibido el respaldo del presidente francés, Emmanuel Macron, del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y de la canciller alemana, Angela Merkel.
Su viaje les llevará mañana a Londres, donde la primera ministra Theresa May les transmitirá su respaldo ante la situación de acoso que viven la oposición venezolana y el Parlamento, el único poder que no controla el oficialismo y cuyas funciones se ha atribuido la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente.
También Amnistía Internacional pidió hoy que desde todas las partes del mundo se envíen cartas al Gobierno venezolano para que respete los derechos del general Raúl Isaías Baduel, un disidente del chavismo encarcelado por el servicio secreto en régimen de aislamiento y sin acceso a sus abogados.
