Unas 2 mil ejecuciones extrajudiciales en Venezuela denuncia Amnistía Internacional
/ Foto: Cortesía (El Estímulo)

La ONG mundial de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional denunció en su informe anual 2020/21 que Venezuela resultó uno de los países con más violaciones de todo tipo en el mundo, de una lista de alertas globales entre los que destacan por diversas razones Estados Unidos, China, Brasil, Etiopia, Bielorrusia, Turquía, India e Israel.

En el caso venezolano destacó las ejecuciones extrajudiciales a manos de los cuerpos de seguridad del Estado –Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por ejemplo- de lo cual toma las cifras cotejadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de al menos 2 mil personas asesinadas en el país en el contexto de operaciones de seguridad desarrolladas entre el 1 de enero y septiembre de 2020.

Las víctimas resultaron principalmente hombres jóvenes que vivían en barrios de bajos ingresos y que, según afirmaban las autoridades, habían terminado detenidos en circunstancias relacionadas con enfrentamientos con la policía.

Por otra parte, el reporte de Amnistía Internacional, que igualmente cita datos de InSight Crime, da cuenta de que Jamaica fue el país más violento de América Latina y el Caribe el año pasado (con una tasa de homicidio de 46,5 por cada 100 mil habitantes), seguido por Venezuela (45,6) y Honduras (37,6).

La pandemia como aliada

La pandemia de COVID-19 agravó la situación de crisis humanitaria y de pobreza extrema que experimenta el país y dejó ver el deterioro progresivo de la infraestructura de los servicios de salud, y se constituyó en aliada para medidas represivas como la criminalización y los juicios injustos y la detención arbitraria llevada a cabo por las fuerzas de seguridad estatales.

El informe anual 2020/21 de Amnistía Internacional recoge, al respecto, graves denuncias sobre la situación de los Derechos Humanos en la Venezuela del chavismo, donde la detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia.

Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, hasta octubre se habían registrado 413 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Este tipo de detenciones había aumentado tras la declaración en marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Además de los activistas políticos, 12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones.

Entre algunos casos más significativos, menciona las detenciones ilegales de los diputados Renzo Prieto y Gilber Caro, a manos de las FAES en marzo de 2020 y diciembre de 2019, respectivamente. Ambos sufrieron largos periodos de aislamiento y detención incomunicada.

Tortura y malor tratos

También habla de tortura y otros malos tratos. Al respecto, menciona que la misión de la ONU de Determinación de los Hechos Sobre Venezuela “documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual”.

También informó “sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la Dgcim”.

Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, que quedaron impunes.

Represión de la disidencia y libertad de reunión

La política de represión para acallar la disidencia y controlar a la población continuó y se intensificó durante la pandemia de COVID-19 y en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de diciembre, denuncia además Amnistía Internacional.

Los miembros de la Asamblea Nacional sufrían un patrón de represión que incluía la detención arbitraria, el uso indebido del sistema de justicia y las campañas difamatorias.

Amnistía también cita a la organización de la sociedad civil Espacio Público para referir que entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas. Esto incluyó intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas hasta el asesinato de los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres (caso Guacamaya TV), quienes perdieron la vida en una operación de seguridad de las FAES en el estado de Zulia.

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