El Gobierno español aprobó hoy un decreto que restituye la asistencia sanitaria universal para todos los residentes, después de que el anterior Ejecutivo excluyera en 2012 a diversos colectivos como los inmigrantes en situación irregular.
«Una sociedad justa no deja a nadie atrás», subrayó la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en la rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo.
Con este decreto, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, en el poder desde el pasado junio, cumple uno de sus principales compromisos: devolver a los ciudadanos los derechos que les arrebató la crisis, como los sanitarios, recordó su portavoz, Isabel Celaá.
El anterior gobierno conservador del Partido Popular (PP), reformó en 2012 la ley y dejó sin la tarjeta de asistencia a los inmigrantes en situación irregular, entonces unos 800.000.
La ministra de Sanidad recalcó hoy que la norma garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones en España en el Sistema Nacional de Salud, ya que el derecho a la asistencia se basa en la condición de ciudadanía y se desliga de la condición de asegurado.
Según la norma aprobada hoy, tienen derecho a la atención sanitaria las personas con nacionalidad española y las extranjeras que residan en España.
Además, son titulares del derecho a la salud los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España, aunque para estos se establecen una serie de criterios para evitar el uso inapropiado de este derecho.
Así, para personas extranjeras que no hayan superado el periodo de estancia temporal de 90 días, será necesario un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de los Gobiernos regionales, que son los que en España atienden la sanidad.
Además, el gasto no correrá a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado al pago o se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.
Según la ministra de Sanidad, la fragmentación del derecho a la asistencia sanitaria ha producido situaciones de inequidad, ya que los Gobiernos regionales, los encargados de ofrecer este servicio, han ido asumiendo la prestación de manera desigual y sin seguridad jurídica.
Montón recordó que con este decreto el Gobierno atiende las demandas de organismos internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, así como de sociedades científicas y organizaciones sociales.
El decreto aprobado por el Ejecutivo debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, donde los socialistas solo disponen de 84 de los 350 escaños, así que necesitarán el apoyo de otros grupos parlamentarios. EFE
