“Posiciones de estrés llamadas la ‘crucifixión’ (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas) y ‘el pulpo’ (un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos). Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua. Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo. Amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional. Amenazas de violación sexual contra la víctima y/o sus familiares. Tortura psicológica, incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo. Desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas”
“Golpes fuertes con bastones y objetos afilados, dejando marcas visibles, huesos rotos y órganos dañados. Esposas excesivamente apretadas que provocan cortes en las muñecas. Aislamiento en cuartos oscuros durante días, prohibición del uso o el acceso a los baños, mantener el/la detenido/a con ojos vendados. Cortes y mutilaciones incluyendo en la parte inferior de los pies y las uñas. Privación de comida y agua, comer del suelo, alimentación forzada de heces. Amenazas de muerte a la víctima y a sus familiares”.
“Una práctica que llamaron ‘dar la teta’, durante la cual golpeaban a los detenidos con un bastón, con la palabra ‘teta’ escrita sobre el bastón. Las parientes femeninas [de los detenidos] llevadas a casas clandestinas eran agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas”.
Ante el horror y la impotencia, es casi imposible evadir el tema. Los párrafos anteriores son copia textual (con alguna edición para evitar repeticiones) del informe de la Misión de Verificación de Hechos nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para “investigar y documentar casos de desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, detenciones extrajudiciales y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014”. Unos delitos que, según se afirma hasta el cansancio, ocurrieron bajo el patrocinio y la responsabilidad del Estado.
El informe de la Misión es aterrador. En sus 443 páginas contiene una extensa cronología de hechos, testimonios y referencias, más la descripción en detalle de 48 casos específicos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Aunque el período investigado es de 2014 a 2020, queda claro que el quiebre institucional en la administración de justicia ocurrió en los primeros años del chavismo. El irrespeto a los mandatos constitucionales que comenzó hace más de 3 lustros permitió la degradación del sistema judicial y lo convirtió en lo que es hoy: un protagonista o cómplice directo de los delitos (por si los chavistas originarios quisieran escurrir el bulto).
La responsabilidad del régimen es evidente. “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno… la Misión cuenta con información que indica que el Presidente y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Daban órdenes, coordinaban actividades y proporcionaron recursos para llevar a cabo los planes y políticas establecidos en el informe”.
El informe viene de la ONU y fue encargado por el Consejo de DDHH del cual Venezuela es miembro; o sea, que es en serio. Y aquí uno se pregunta ¿qué pasa ahora? Pues ahora cada quien tomará sus decisiones. El régimen negará todo y seguirá con sus mañas, quizás con un poco de discreción por algún tiempo. El liderazgo político de la oposición tendrá muy cuesta arriba participar en las elecciones del 6D y cohabitar con una gente que es responsable de los crímenes que se describen en la investigación. Y en eso que llaman comunidad internacional, uno diría que los gobiernos que mantengan relaciones de business as usual con la dictadura se convierten en cómplices ¿o no?
