(Cortesía)

Los vecinos del sector Valle Alto en Petare, el barrio popular más extenso de Caracas, se despertaron hace dos sábados alrededor de las tres de la madrugada. Un alboroto invadió repentinamente sus calles empinadas.

Acababan de llegar los jamones que antes de cada Navidad el Gobierno de Nicolás Maduro promete a millones de familias para asegurarse su voto. Muchos salieron de sus viviendas, pero la euforia se convirtió en decepción y en cuestión de segundos la situación se precipitó. De la indignación se pasó a la rabia. Después, llegaron los altercados.

Los responsables de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), encargados de distribuir las bolsas de comida, solo recibieron 1.160 perniles de los 6.150 anunciados. El episodio, narrado por uno de los presentes, supuso la enésima humillación para una comunidad de escasos recursos, paralizada por la crisis económica y postrada por la hiperinflación. Romina Oporte, educadora y enlace local del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tomó finalmente la decisión de cortar los jamones en pedazos de un kilo y medio y repartirlos entre todos los vecinos.

Esa misma formación celebró cerca de allí, el 6 de diciembre, el 20º aniversario de la primera victoria de Hugo Chávez. En el cierre de la campaña electoral de las municipales del domingo, Gladys Arboleda, de 50 años y varias veces candidata, explica que entró en política precisamente por el expresidente. “Desde entonces somos todos representantes, no representados. Nos trató a todos por igual”, asegura. El objetivo que proclamó la revolución bolivariana fue, precisamente, el de reducir la desigualdad. Sin embargo, después de dos décadas de gestión chavista, en las que se multiplicaron las ayudas con misiones sanitarias, educativas y de vivienda, la vida de millones de venezolanos se ha convertido en una lucha diaria contra la miseria. Según la última encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela (Encovi), un estudio coordinado por la Universidad Católica Andrés Bello y otros centros, el 87% de la población vivía el año pasado —el último para el que hay datos— por debajo del umbral de la pobreza. En el 61% de los casos, la carestía es extrema.

Una crisis económica sin precedentes, una hiperinflación desbocada y la dolarización condenan a los ciudadanos a pelear con unos precios enloquecidos y a depender de las ayudas estatales.  La reconversión monetaria y el aumento, incluso exponencial, del salario mínimo, que ahora se sitúa en 4.500 bolívares soberanos –unos 8,2 dólares– y representa el ingreso de cerca del 70% de los trabajadores con empleo formal, solo contribuyeron a generar un círculo vicioso que dispara el valor de los productos básicos.  En el mercado del municipio de Chacao, un kilo de queso manchego producido en Venezuela costaba el pasado viernes 6.370 bolívares.

“La hiperinflación se sigue acelerando. También la contracción económica: las dos cosas se están profundizando. El Gobierno, para tratar de controlar la hiperinflación, aumentó el salario no sé cuántas veces, lo que hizo que varias empresas tuvieran problemas de flujo de caja y no estén consiguiendo financiación”, dice Henkel García, analista financiero y director de la consultora Econométrica. “El símil que pongo es que está una persona tirada en el piso y tú tratas de revivirla ahorcándola. El aumento de salario es inflacionario, porque al final tienes que ajustar los precios. Pero para que eso sea posible tienes que aumentar la masa monetaria, que no está creciendo”, señala.

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