Petróleo venezolano a cambio de maíz y camiones cisterna para agua potable procedentes de México. Es el acuerdo que firmaron en junio de 2019 una empresa mexicana, Libre Abordo, sin experiencia en el sector, y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) —la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas—. Fue una operación en dos contratos valorada en casi 200 millones de euros, según documentos a los que han tenido acceso EL PAÍS y Armando.info como parte de una investigación conjunta, y que evidencian la opacidad del intercambio.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que investiga el caso, asegura que con este sistema se han despachado más de 30 millones de barriles de crudo, una operación que viola las sanciones estadounidenses sobre Venezuela. Las autoridades mexicanas también han puesto el foco en el esquema ante la falta de claridad de los contratos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México tiene abierta una investigación para arrojar luz sobre estas operaciones.
El Gobierno de Venezuela no ha dado una respuesta oficial a las preguntas planteadas para este reportaje, pero fuentes de la Administración de Nicolás Maduro rechazan que se trate de un negocio oscuro y aseguran que la falta de claridad de los contratos es consecuencia de los problemas que tiene Venezuela para hacer cualquier negocio ante las sanciones impuestas por Estados Unidos. La elección de Libre Abordo, según un alto funcionario, se debe “a la situación de bloqueo”. “No se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan”, afirma.
Washington sostiene que los intermediarios mexicanos no solo fueron piezas clave para evadir las sanciones —la presión con la que la Administración de Donald Trump pretende ahogar al régimen chavista—, sino que también los señala como cómplices de una red de corrupción liderada por el colombiano Alex Saab, que fue detenido el pasado 13 de junio en Cabo Verde tras la activación de una alerta roja de Interpol y que es señalado por Washington —que busca su extradición— como uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. El Gobierno de EE UU cree que Saab, al que las administraciones venezolanas han adjudicado importantes contratos en el pasado, es el organizador de esquemas corruptos de los que se benefició tanto él como el líder chavista. Washington no ha detallado cómo se fraguó la relación entre Saab y los tres ciudadanos mexicanos, algo que las autoridades mexicanas están investigando.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en junio pasado a tres ciudadanos mexicanos y a ocho empresas vinculados con la trama por violar las sanciones impuestas a Venezuela. Joaquín Leal, de 28 años; Verónica Esparza, de 47 y su hija Olga María Zepeda Esparza, de 24, han sido incluidos en la llamada lista negra de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) por realizar transacciones con la paraestatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde 2019 hasta la primera mitad de este año.
De acuerdo con la versión de la OFAC, Leal y Saab negociaron la venta del petróleo y se aliaron con la empresa mexicana Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, compañías ligadas a Esparza y a su hija, para cerrar el trato. Libre Abordo, una compañía dedicada al comercio internacional y sin experiencia previa en el mercado energético, firmó al menos dos convenios en junio de 2019 con Corpovex, a cuyo contenido han tenido acceso EL PAÍS y Armando.info.
Los documentos del acuerdo venezolano-mexicano revelan inconsistencias y arrojan más sombras sobre el supuesto carácter humanitario de la fórmula ideada por Alex Saab y el mexicano Joaquín Leal. Según el Departamento del Tesoro, las transacciones se dieron con el conocimiento de Tareck El Aissami, uno de los hombres más cercanos a Maduro y el ministro de Petróleo de Venezuela. El Departamento del Tesoro sancionó en 2017 a El Aissami, vicepresidente económico, por supuestos nexos con el narcotráfico y es uno de los hombres más buscados por la Justicia estadounidense.
Según la documentación, el 13 de junio, ambas partes firmaron un acuerdo por el que Libre Abordo se comprometía a enviar 1.000 camiones cisterna por valor de 139.323.656 euros, casi 140.000 euros por cada uno. Cuatro días después, el 17 de junio, Libre Abordo y Corpovex firmaban otro acuerdo por el que la compañía mexicana se comprometía a enviar 200.000 toneladas de maíz blanco ?algo que, en teoría, comercializaba, pero que fuentes del sector granelero ponen en duda? por valor de 56.193.900, esto es, 280,9 euros cada tonelada.
Ambos convenios, según los documentos a los que se ha tenido acceso, estaban firmados por Olga María Zepeda Esparza, por parte de Libre Abordo, y Wilfredo Celestino Marín Meza, director ejecutivo de Corpovex. En esas fechas, no obstante, Joaquín Leal también se encontraba en Venezuela, según se desprende de los datos que maneja la UIF mexicana, dirigida por Santiago Nieto, como parte del rastreo de esos casi 200 millones de euros de los dos contratos. Las operaciones se realizaron en euros y no en dólares para evitar las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela.
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