Este miércoles, Migración Colombia expulsó a Carlos Manuel Pino García, un hombre cercano a la misión diplomática de Venezuela y quien está casado con Gloria Inés Flórez, excongresista del Polo Democrático y secretaria de Gobierno de la Alcaldía Gustavo Petro entre el 2014 y 2015.
“El señor no tiene arraigo diplomático, pero se pudo establecer que sí tiene vínculos con la misión diplomática de Venezuela en Colombia”, le dijo a EL TIEMPO un oficial de inteligencia enterado del tema.
Sin embargo, este no es el primer encuentro que tiene Pino García con las autoridades colombianas.
El 26 de mayo de 1999, una operación del Ejército en las selvas del Vichada dio con la baja de Josué Elíseo Prieto, alias Esteban González, quien era considerado el ‘Ministro de Hacienda de las Farc’.
Durante el operativo, el entonces brigadier general Francisco René Pedraza, comandante de la Séptima Brigada del Ejército, aseguró que junto a Prieto se encontraban cuatro ciudadanos venezolanos, quienes presuntamente estuvieron vinculados a la guerrilla colombiana.
Entre ellos estaban Carlos Manuel Pino García, Pedro Guzmán Tambor, Miguel Salazar Hernández y Carlos Félix Zambrano.
En su momento, el Gobierno venezolano exigió la deportación inmediata de los ciudadanos. Caracas sostuvo que los cuatro detenido no se conocían entre sí y que dos de ellos estaban realizando investigaciones universitarias. Para esa fecha, Pino García tenía 44 años y era empleado de la Universidad Central de Venezuela.
El canciller venezolano del gobierno de Hugo Chávez incluso dijo que Carlos Manuel Pino, y otro de los capturados supuestamente fueron golpeados y amenazados de muerte.
Tras su investigación, la Fiscalía concluyó que los cuatro venezolanos detenidos eran colaboradores de las Farc y que había pruebas suficientes para enjuiciarlos por el delito de rebelión. Pino sostuvo en su defensa que estaba en el sitio averiguando cómo era el lugar porque estaba interesado en una zona de turismo.
Para los investigadores, no era creíble esa versión de pretender montar un negocio relacionado con turismo en una zona selvática en la que, además, la guerrilla tenía fuerte control.
Tras un año de que iniciara el caso y ante la demora del Gobierno de Venezuela para entregar información, el caso se cayó y los capturados quedaron en libertad condicional tras el pago de una caución.
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