Pocos esperaban esa imagen. Al alba, Juan Guaidó hablaba a la cámara y a pocos metros de él, junto a un grupo de militares, firme, Leopoldo López. El preso político más perseguido por Nicolás Maduro estaba libre después de cinco años, tres de ellos encarcelado y dos en arresto domiciliario.
Ambos pedían a los ciudadanos que saliesen a las calles y a los militares que dieran la espalda al líder chavista, Nicolás Maduro. Apenas amanecía el martes 30 de abril y Venezuela se preparaba para otro día definitivo que no fue tal.
Los acontecimientos se sucedieron como un torbellino. Las horas siguientes desvelaron un complot para tumbar al sucesor de Hugo Chávez elaborado durante meses, que descarriló y evidenció traiciones, egos, precipitaciones. Un plan que mostró también las grietas cada vez mayores en la cúpula chavista.
Desde que el 23 de enero Guaidó se juramentase como presidente encargado de Venezuela y fuese reconocido por más de medio centenar de países, los acontecimientos se han acelerado.
La presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro ha sido constante, con diversos puntos de inflexión. El objetivo siempre ha sido el mismo: lograr que el alto mando militar esté dispuesto a dejar caer a Maduro.
No se logró el 23 de enero, pese a que la oposición y Estados Unidos hicieron ver al resto de aliados que el reconocimiento de Guaidó como mandatario interino forzaría una quiebra en la jerarquía militar; tampoco el 23 de febrero, cuando fracasó el intento de introducir cargamentos con material médico y suplementos nutricionales por las fronteras.
Desde finales de ese mes, se comenzó a penetrar en el entorno de Maduro, tanto del lado civil como del militar, según una decena de fuentes —políticas, diplomáticas y del entorno castrense— que han estado involucradas en distintos momentos.
A partir de su testimonio, bajo condición de anonimato, se reconstruye lo que ha ocurrido en la última semana en Venezuela. En todo este tiempo, la oposición ha contado con el apoyo de muchos países, pero siempre con el respaldo e impulso la administración de Donald Trump. “Si algo hace ver que estamos en una fase de desenlace y que esto no tiene marcha atrás es la determinación de Estados Unidos parar sacar a Maduro del poder”, asegura una de las fuentes.
La posibilidad de una intervención militar se ha agitado constantemente bajo la premisa de que todas las opciones están encima de la mesa, repetida tanto por Guaidó como por Washington. No obstante, salvo en sectores radicales de la oposición y de la ya de por sí extrema Administración Trump, esta opción encontró resistencia. Si no se ha descartado ha sido, en gran medida, por mantener viva la guerra psicológica y la presión sobre la cúpula chavista.
La penetración en sectores próximos a Maduro permitió la elaboración de un plan por el que se lograba una vía institucional que propiciase su salida. Esta pasaba por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que facilitase la convocatoria de elecciones presidenciales este año. El acuerdo contaba, según varias de las fuentes consultadas, con el visto bueno de Maikel Moreno, presidente del TSJ; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, así como el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala. Al tanto, según al menos dos fuentes, estaba también el ministro del Interior, Néstor Reverol.
“Artesanía muy laboriosa”
Llegar hasta ese punto ha sido una tarea ardua, “artesanía muy laboriosa”, en palabras de uno de los implicados. En el proceso han participado magistrados del Ministerio Público, militares, algunos gobernadores y empresarios, algunos de ellos vinculados con los medios de comunicación que han hecho fortuna durante el chavismo y a los que Maduro ha protegido en los últimos años.
La presión se ha ejercido a través de exmilitares de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, que hoy viven fuera de Venezuela. “Al sector más próximo de Maduro se ha llegado a través de sus testaferros y de los familiares de los complotados”, asegura una fuente.
Miami, República Dominicana, Bogotá y Panamá son los cuatro puntos desde donde se ha ejercido más presión. Para propiciar la ruptura con Maduro, a todos los implicados se les daban garantías ante una hipotética caída del líder chavista, desde una amnistía ante posibles delitos, levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y facilidades para abandonar el país.
Tras fracasar la ofensiva de esta semana, el enviado especial del presidente estadounidense para el país caribeño, Elliott Abrams, afirmó en los medios que, según tenía conocimiento, existía un documento de garantías de alrededor de 15 puntos que incluía una salida “digna” para Maduro.
“Todo este tiempo se fue cooptando a gente muy poderosa y de ahí tocando a gente de la jerarquía chavista”, resume una de las fuentes. Uno de los movimientos que hizo ver que el proceso era definitivo fue el visto bueno de Vladimir Padrino. El jefe del Ejército dejó claro a los implicados que no estaba dispuesto a un cuartelazo, una sublevación, pero no se opondría a una salida institucional.
Dos de las fuentes consultadas aseguran que su compromiso era absoluto, si bien otras tantas difieren y sienten, a tenor de lo visto, que hizo las veces de doble agente para tumbar el plan. Padrino, con hijos residentes en Europa, encaja en el perfil de miembro del régimen al que la oposición y el Gobierno estadounidense consideran factible para lograr un Ejecutivo de transición o para favorecer su acogida en países donde ya se encuentran sus familias.
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