Jhoalys Siverio/Correo del Caroní
El 26 de abril, aunque fuera del lapso legal, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista designó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al director ejecutivo de la magistratura y al inspector de tribunales. El resultado fue una vez más una serie de violaciones, como la que representa que el 60% de los magistrados repiten e incumplen el período máximo de 12 años para ejercer el cargo.
Además, muestra que se mantiene la falta de independencia de este poder, en vista de la estrecha relación de la mayoría de los designados con el gobierno de Nicolás Maduro.
Para la ONG Acceso a la Justicia, “la designación hecha por la Asamblea Nacional del ‘nuevo’ TSJ garantiza la continuidad de su apoyo al gobierno de Maduro, tanto por sus integrantes como por la forma en la que fueron distribuidos los magistrados en cada una de las salas clave”.
El 60% de los integrantes (12 de 20) que estaban activos o en “comisión de servicios”, ya había dado muestras de su apoyo al oficialismo. Otros cinco son del grupo de “magistrados exprés” que designaron arbitrariamente en 2015 luego de que la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional para asumir en 2016.
“La designación de por lo menos 17 magistrados principales de 20 y, una inspectora de tribunales que no tienen independencia, no es un buen augurio para el ‘nuevo’ TSJ. Con esta ‘nueva’ designación de magistrados, el poder político mantiene su control sobre el TSJ y asegura una vez más su continuidad en el poder”, concluye la ONG Acceso a la Justicia.
Los cinco magistrados “exprés” que repiten son: Lourdes Suárez, Luis Damiani, Calixto Ortega, Fanny Márquez y Carmen Navas. Los demás magistrados principales que repiten son: Gladys Gutiérrez, Malaquías Gil (ambos escogidos por la AN en 2010), Bárbara César, Inocencio Figueroa, Elsa Gómez, Maikel Moreno y Edgar Gavidia (designados por la AN en 2014).
“La designación de magistrados que repiten en sus cargos es una violación del artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se excede el periodo único de 12 años establecido para ejercer el cargo de magistrado del TSJ”, señala Acceso a la Justicia.
La ONG también recordó que Gladys Gutiérrez estaba en “comisión de servicio” como embajadora de La Haya y, aun así, mantenía su cargo como magistrada.
En la Sala Constitucional del TSJ, la única nueva magistrada es Tania D’Amelio, quien hasta ahora fue rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y simpatizante del gobierno de Maduro.
“La designación de Tania D’Amelio como magistrada principal es preocupante, pues desde 2010 hasta ahora ha ejercido el cargo de rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) con graves cuestionamientos por su afinidad con el oficialismo”, alerta la ONG.
En la Sala Político Administrativa repiten dos magistrados del anterior TSJ, los cuales garantizan la mayoría de los votos, ya que esta cuenta solo con tres integrantes.
“Lo mismo ocurre en la Sala Electoral y en la Sala de Casación Penal, mientras que en las salas de Casación Civil y Social solo un magistrado es del anterior TSJ. Sin embargo, esas dos salas no conocen de temas que tengan tanta relevancia en lo político, ni tienen potestades represivas”, detalla el documento.
Los nuevos magistrados
Entre los perfiles de los nuevos magistrados del TSJ figura Caryslia Beatriz Rodríguez, nueva magistrada de la Sala Electoral, quien estuvo encargada de la Alcaldía del municipio Libertador por el PSUV, en sustitución de Erika Farías, meses antes de las elecciones de noviembre de 2021.
Dos militares también figuran en el TSJ. El exfiscal general militar Juan Hidalgo Pandares fue designado en la Sala Político-Administrativa y, el expresidente de la Corte Marcial Henry Timaure, en la Sala de Casación Civil.
En el caso de Carlos Alexis Castillo, nuevo magistrado de la Sala de Casación Social, se desempeñó como director de la oficina de gestión humana del Ministerio de Economía y Finanzas en septiembre de 2020.
Otra irregularidad es la designación de Gladys Requena en el cargo de inspectora general de tribunales. Acceso a la Justicia denunció que además de ser diputada por el PSUV, también fue vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente e integró el Comité de Postulaciones Judiciales encargado de evaluar las credenciales de quienes optaban a los diferentes cargos del TSJ, aunque luego renunció. “Es decir, es una activista política del partido de gobierno”.
Guillermo Blanco es el nuevo director ejecutivo de magistratura, y era un magistrado de la Sala de Casación Civil del TSJ.
Fuente: Correo del Caroní
, al director ejecutivo de la magistratura y al inspector de tribunales. El resultado fue una vez más una serie de violaciones, como la que representa que el 60% de los magistrados repiten e incumplen el período máximo de 12 años para ejercer el cargo.){kind=link}