“Respetamos la justicia caboverdiana y la soberanía de Cabo Verde, pero eso no nos impide denunciar, muy claramente, que Estados Unidos está tratando de explotar la jurisdicción de Cabo Verde para lograr un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica, y acciones legales contra Venezuela y todos sus altos funcionarios».
Con esta sentencia mediática, el exjuez Baltasar Garzón habló por primera vez del caso de su nuevo cliente: Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro.
Y agregó que si bien es un caso claro de guerra legal, el objetivo es político, por parte de Estados Unidos.
«Cabo Verde, en el ejercicio de su jurisdicción, es un derecho al que no se puede renunciar, no puede permitir esta ofensiva de Estados Unidos, utilizando mecanismos de persecución judicial ”, dijo Garzón en declaraciones a Radio Cabo Verde.
Y señaló directamente a la Ministra de Justicia de ese país insular de África, quien autorizó la extradición de Saab a Estados Unidos, donde se le investiga por el blanqueo de cerca de 350 millones de dólares, ligados a contratos con el régimen de Nicolás Maduro para construcción de casas subsidiadas.
“No se puede renunciar al principio de reciprocidad, como hizo el Ministro de Justicia frente a Estados Unidos, porque es indispensable. No puedes hacerlo como representante político porque es un derecho del pueblo. Si Estados Unidos no ofrece reciprocidad, Cabo Verde tampoco debería ir más allá», dijo, y negó que Saab sea el testaferro de Maduro.
El régimen de Nicolás Maduro le concedió estatus diplomático al barranquillero Álex Saab, pero el Tribunal de Justicia venezoelano en el exilio asegura que ese procedimiento es ilegal.
Y si bien los procesos contra Saab datan de hace varios años, y para Estados Unidos son la ruta para llegar a las fortunas ocultas del régimen y a los lingotes de oro y dólares que han salido hacia Turquía, Irán y Rusia, Garzón asegura que puede ser un tema de campaña.
«Ojalá no sea un instrumento de uso político en esta campaña electoral que estamos presenciando y que está provocando tantos obstáculos por parte de la administración estadounidense ”, manifestó es su primera declaración sobre el tema.
Pero luego fue más directo: «Utilizaremos todos los mecanismos nacionales e internacionales para evitar la extradición, que el presidente de Estados Unidos está diseñando con carácter electoral y, por tanto, político”.
También advirtió: “Vamos a apelar de inmediato la sentencia del juzgado de segunda instancia donde vamos a reforzar el carácter político de este caso, la necesidad de que las autoridades judiciales entren en esta realidad».
Según Garzón, es difícil entender la magnitud del enfrentamiento de Estados Unidos con Venezuela, pero dijo que en este caso lo que estaba en juego era «la vida y la libertad de una persona que, hasta el momento, no ha podido probar ninguna de las acusaciones que hace Estados Unidos en su contra».
También dejó en claro que la defensa del barranquillero, de 48 años, presentó dos nuevos recursos.
Por otro lado, Garzón niega tener alguna intención de acudir a la Corte Penal Internacional porque entiende que este caso no está dentro del alcance de la CPI. Pero, promete hacer todo.
“En lo que insistimos es en que se analice en profundidad el caso de lo que esconde Estados Unidos y esperamos que no sea necesario recurrir a otros órganos. Pero, de ser necesario, acudiremos a organismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos, luego de agotar los diferentes recursos internos para evitar que una persona sea entregada a Estados Unidos por motivos políticos».
