El presidente de Colombia, Iván Duque, y ‘Otoniel’, el capo de la droga con extradición a Estados Unidos. Foto: Cortesía

Como no pasaba hace años con una extradición, la de Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, desbordó las discusiones jurídicas y de derechos de las víctimas y revivió un uso más polémico, pero también más pragmático, de esa herramienta: servir para desactivar una amenaza real contra la seguridad y la tranquilidad de miles de colombianos en las regiones más afectadas por el narcotráfico.

En una determinación que ha sido rechazada por las organizaciones de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia le dio el OK al envío de ‘Otoniel’ a Estados Unidos, donde responderá por el envío de toneladas de cocaína.

Una decisión que sorprendió por su rapidez –solo siete meses después de la captura– y porque la Corte no condicionó la entrega a que este ‘señor de la guerra’ termine sus versiones ante la JEP, un requisito que muchos –incluso la defensa– daban por descontado.

Así, salvo tutelazos de última hora, la DEA tendría en cuestión de días al criminal que logró consolidar al ‘clan del Golfo’, la única banda surgida de la desmovilización paramilitar comparable en poder de violencia, intimidación y corrupción con sus antecesores.

Extradición de “Otoniel

Una amenaza que su permanencia en una cárcel en Colombia –lo acabamos de ver con la vergonzosa fuga de ‘Matamba’ (lugarteniente de ‘Otoniel’), de La Picota, en Bogotá– está lejos de conjurar.

Lo que nos muestra la historia del país es que estar preso no es mayor impedimento para que los criminales sigan en sus actividades.

La extradición sirve para romper los canales de comunicación entre los capos y sus bandas, corta de tajo los planes de fuga y, en casos en los que la ascendiente criminal es tan fuerte –como en este de ‘Otoniel’, pero también en los de ‘don Berna’ y ‘Macaco’–, genera reales vacíos de poder en las mafias que, al menos momentáneamente, les dan ventajas a quienes las combaten.

Con ‘Otoniel’ en una cárcel federal, además, se desactivará el riesgo ya visto de que su banda utilice a comunidades enteras de la zona de Urabá y Córdoba como instrumento de presión en su favor.

Que el Gobierno y las autoridades judiciales tienen que buscar todas las garantías para que el capo confiese sus muchos crímenes, por supuesto. Pero la misma Corte advierte en su sí a la extradición “la actitud renuente, contumaz y de desprecio absoluto que, en el pasado, ha asumido el requerido frente a las víctimas y el sistema de justicia nacional”.

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