La incertidumbre sobre quién será el nuevo presidente del Gobierno catalán y cómo y cuándo se elegirá se mantiene, ya que el candidato, el independentista Carles Puigdemont, sigue en Bélgica y el Tribunal Constitucional insiste en que la elección debe ser presencial.

Hoy se esperaba que los letrados del Parlamento regional de Cataluña se pronunciaran sobre la fórmula de elección y los plazos para celebrar la misma, pero la entrega de su informe se ha retrasado.

Los dos principales grupos secesionistas, JxCat (liderado por Puigdemont) y ERC (republicanos de izquierda), insisten en que Puigdemont, como cabeza de la lista independentista más votada, tiene que presidir el ejecutivo catalán, pese a su ausencia, por lo que barajan una “investidura simbólica” y que haya otro político que gobierne desde Barcelona.

Ante esta posibilidad, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió hoy al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de las consecuencias que podría tener para él amparar una investidura que no se ajustara a lo que le ha trasladado el Tribunal Constitucional.

Torrent propuso a la Cámara la candidatura del expresidente catalán Carles Puigdemont y el pleno para su elección estaba convocado para el 31 de enero.

Sin embargo, antes del comienzo aplazó la sesión, después de que el Tribunal Constitucional dijera que la investidura debía ser presencial y darse la circunstancia de que Puigdemont está en Bélgica huido de la Justicia española, que lo reclama por presuntos delitos de rebelión y sedición por su participación en el proceso independentista catalán.

Sáenz de Santamaría, al ser preguntada por la prensa si el Parlamento catalán podría investir simbólicamente a un presidente regional aseguró: “Sin incumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, no. O sea, Torrent sabe lo que le ha dicho el TC”.

También el primer partido del Parlamento catalán, Ciudadanos (liberales contrarios a la independencia) insiste en que se debe votar a un nuevo candidato porque “el Parlamento no puede estar paralizado a la espera de un señor fugado de la justicia”, afirmó hoy el responsable de comunicación del partido, Fernando de Páramo.

Pero además de la incertidumbre sobre quién y cómo será el nuevo presidente catalán, tampoco se sabe cuándo será la elección, ya que hay dudas sobre si los plazos para la votación corren después de la suspensión del pasado día 31.

En este sentido, la Mesa del Parlamento ha pedido a los letrados de la Cámara que se pronuncien sobre una fórmula válida de elección y sobre el plazo que tienen para llevarla a cabo antes de que se convoquen nuevas elecciones.

Según la normativa, en caso de que un candidato no consiga ser investido por el Parlamento, se abre un plazo de dos meses para tratar de investir al mismo u otro aspirante y si no, habría una convocatoria automática de elecciones.

En principio, estaba previsto que los letrados presentaran hoy su informe, pero de momento se ha retrasado porque lo están ultimando, indicaron hoy a Efe fuentes parlamentarias.

En paralelo a la situación política, continúan las causas judiciales abiertas por el proceso independentista.

Los cuatro políticos secesionistas encarcelados por esta causa, entre ellos el expresidente catalán Oriol Junqueras, seguirán en prisión hasta el juicio por orden del Tribunal Supremo, que en marzo dictará orden de detención internacional contra Carles Puigdemont, confirmaron a Efe fuentes de este tribunal.

También el Tribunal Supremo mantuvo hoy la disolución y la liquidación de la estructura diplomática en el exterior creada por el Gobierno del expresidente Carles Puigdemont (Diplocat), dispuesta por el Ejecutivo central después de que asumiera las competencias autonómicas de Cataluña tras la ilegal declaración de independencia.

El Supremo, ante un recurso presentado por la Asociación Catalana de Municipios, argumentó que se trata de una medida acordada por el Gobierno español “para afrontar la situación creada por el incumplimiento por el Gobierno de Cataluña de sus obligaciones constitucionales y por haber atentado gravemente contra el interés general”.




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