La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, advirtió que la propuesta de elevar al menos a 50 años la pena máxima de cárcel establecida en el país, formulada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) lleva implícito el peligro de imponer penas aún mayores como la perpetua, lo cual va en contra de lo dispuesto por la actual Constitución.
Louza explicó que, al decir al menos quiere decir que puede ser más de 50 años y con ello se acepta en buena medida una pena perpetua que puede ocupar la vida de la persona, por lo que viola el derecho constitucional a la vida. Señaló que los derechos son progresivos, es decir una vez que los conceden no los pueden quitar.
La abogada constitucionalista comentó que en Venezuela, la máxima pena de prisión prevista en la Constitución es de 30 años. De acuerdo con el artículo 44 no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes y las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.
Laura Louza manifestó que lo más grave es que pone en evidencia la total falta de una política criminal contra los delitos, pues con una medida efectista se pretende obviar que el verdadero problema de la delincuencia en Venezuela no son las penas sino la enorme impunidad en la que vivimos, de la que tiene una gran responsabilidad el poder judicial.
El magistrado Maikel Moreno planteó revisar las condenas a prisión en delitos como traición a la patria, terrorismo, homicidio y robo. Expertos en Derechos Humanos y dirigentes políticos denunciaron que la alusión a los dos primeros crímenes es una amenaza clara a todo aquel que piense distinto y proteste contra el Gobierno nacional.
La ONG sostuvo que algunos de los opositores enjuiciados actualmente por participar en manifestaciones de calle se les ha imputado traición a la patria, que actualmente puede tener una condena máxima de 30 años. Es el caso del coordinador de formación del partido Voluntad Popular, Jorge Machado, entre otros.
Nota de prensa.
