barbarie chavista
Ortega ha puesto en los últimos años en manos de la Corte Penal Internacional pruebas documentales de la violación sistemática de los derechos humanos. Foto: Archivo

La que fuera fiscal general de Venezuela Luisa Ortega rompe un largo periodo de silencio con una reveladora entrevista a EL MUNDO. Estamos ante una figura clave que ha permitido contrarrestar en todo el mundo la propaganda del régimen de Maduro.

Fue una bolivariana convencida, pero en 2017, ya plenamente consciente de la barbarie del Gobierno de Caracas, protagonizó una sonora fuga de su país para poder luchar desde el exterior por la democracia de su pueblo y colaborar con la justicia internacional para acabar con la impunidad de la narcodictadura chavista.

La exfiscal se ha dedicado en los últimos años a poner en manos de la Corte Penal Internacional pruebas documentales de la violación sistemática de los derechos humanos que desembocaron en la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad sin precedentes.

No en vano, es la primera vez que este organismo emprende pesquisas contra un país de América Latina para depurar las responsabilidades por las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y las torturas cometidas bajo el Gobierno de Maduro.

La fiscal que desnuda la barbarie chavista

Ortega ha aportado más de 1.900 elementos probatorios, entre ellos los relativos a los asesinatos de más de 8.000 venezolanos por parte de organismos de Seguridad del Estado entre 2015 y 2017, en su mayoría ciudadanos de los estratos más humildes.

La jurista acusa en nuestras páginas al régimen chavista de ejercer «terrorismo de Estado» empleando la violencia contra su propia población para «causar terror». Todo su relato es espeluznante, con detalles como los referidos a cómo los ciudadanos que se atrevían a participar en alguna protesta pasaban a convertirse en enemigos del Gobierno y en objetivo militar.

En la entrevista responde al hecho de que, por ejemplo, el Gobierno sanchista de PSOE y Podemos se niegue a calificar Venezuela como una dictadura cuando «el país es un estado criminal en manos de un grupo delincuencial que no respeta la vida ni la dignidad humana».

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