Nikki Haley, embajadora de EEUU ante Naciones Unidas (Foto Cortesía)

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, aseguró hoy que su país no va a permitir el avance de Venezuela hacia una dictadura y dejó la puerta abierta a nuevas medidas financieras y diplomáticas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

«No vamos a tolerar la dictadura que está tratando de crear. Y no vamos a respetar su farsa de Asamblea», dijo Haley a los periodistas, poco después de que Washington anunciase nuevas sanciones contra Venezuela.

La representante estadounidense en Naciones Unidas aseguró que esos castigos envían un mensaje claro al pueblo venezolano y un mensaje claro a Maduro.

«En este momento nos pareció, dado que no estamos viendo ningún progreso para ayudar al pueblo de Venezuela y vemos más de la toma de poder que Maduro está intentando, que las sanciones eran una opción para mandarle un mensaje», dijo Haley.

La embajadora aseguró que a EE.UU. no le ha quedado otra opción que utilizar sanciones para tratar de llamar la atención de las autoridades venezolanas, tras meses advirtiendo sobre la situación en el país.

Haley aseguró que va a estudiar si hay alguna acción que pueda emprender sobre Venezuela en Naciones Unidas y aseguró que Estados Unidos seguirá analizando otras medidas en ámbitos como el financiero y el diplomático.

EE.UU. convocó en mayo una primera reunión sobre la crisis en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero varios miembros rechazaron mantener el asunto de forma permanente en la agenda al considerar que no era una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

Haley, que también tocó otros temas de actualidad, habló hoy a los periodistas pocos minutos antes de que diese comienzo en la sede de la ONU una reunión entre el jefe de la organización, António Guterres, y el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva por la que prohíbe las negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal, en las primeras sanciones al sistema financiero venezolano.

La medida prohíbe también las negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela




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