Embargo General Motors
(Foto Cortesía)

Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

La voz tiene el matiz de la preocupación. Cada palabra de Fidel Ampueda se escucha con más dudas que respuestas. No hay nada claro para los trabajadores de General Motors Venezolana (GMV) tras la medida judicial de embargo de la empresa que se dio a conocer la tarde del martes 18 de abril. El personal estuvo atento este jueves a la explicación de quienes demandaron a la firma: “Las cuentas bancarias de la compañía no se tocarán”.

El presidente del Centro Mercantil Automotriz Latino, Kaled Kansao, fue enfático: “Nosotros no vamos a secuestrar, ni tocaremos el dinero de los trabajadores porque así se lo  prometimos al Tribunal Supremo de Justicia”; dijo durante la asamblea que se realizó en las instalaciones de la planta ubicada en Valencia de GMV.

Ya la gerencia de la firma había anunciado, a través de un comunicado de prensa, el cese inmediato de sus operaciones en el país, con la garantía (en la medida que las autoridades lo permitan) del total cumplimiento de las obligaciones legales asociadas a la finalización de la relación laboral con sus trabajadores, debido a causa ajena a la voluntad de las partes.

Pero nada de eso calmaba la preocupación de Ampueda, quien es secretario de reclamos del sindicato de la compañía, y de las dos mil 778 personas que aún conforman la nómina. El personal exige la reactivación de la industria, el pago de los beneficios y respeto a los puestos de trabajo.

Los demandantes les habían informado que el resguardo a las instalaciones, es por la deuda de 476 millardos que data de hace 17 años y que, una vez sea honrada, podría continuar su operatividad. Pero eso no va a suceder. GMV no está en capacidad de hacer ese pago. Conscientes de esa situación, los trabajadores se mantendrán en vigilia en la empresa hasta que el caso sea totalmente aclarado.

 

Trabajadores de GMV junto al presidente de empresa que demandó a la transnacional

LA DEMANDA

El litigio que perdió GMV inició en el año 2000. Comenzó porque un exconcesionario de Maracaibo (Centro Mercantil Automotriz Latino) demandó a la empresa por un total de 476 millardos de bolívares en activos por la cancelación de la concesionaria por ineficiente desempeño. La cifra es considerada por la transnacional como excesiva, y causante de una operatividad inviable de manera permanente.

El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, determinó el embargo porque en 17 años  los representantes de la ensambladora no quisieron conciliar. “Nuestra acción no tiene nada que ver con paralización de actividades ni con sacar vehículo, ni mucho menos embargar las cuentas”, reiteró Kansao.

CRISIS GENERALIZADA

Otros dos fabricantes estadounidenses, Ford y el grupo Fiat Chrysler (FCA) también cuentan con plantas de producción en Venezuela que tienen grandes problemas para el ensamblaje, ante la falta de suministros por la imposibilidad de acceder a dólares para realizar adquisiciones.

En 2016, FCA sólo pudo colocar en el mercado una treintena de vehículos en su planta. En 2017, la firma produjo 17 unidades en enero y cuatro en febrero, según datos de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez).

Ford, que abrió su planta de Valencia en 1962, también suspendió la producción de automóviles ante la situación económica del país. En 2015 perdió más de 800 millones de dólares en Suramérica, principalmente a consecuencia de las pérdidas en Venezuela. Y en 2016 decidió convertir sus operaciones en Venezuela en una unidad independiente para excluir sus resultados de los del resto de la compañía.

Para GM la situación era similar. En 2016, sus ingresos en Suramérica se redujeron a 7.200 millones de dólares debido a los problemas en Venezuela y la crisis en Brasil. La compañía  advirtió en su último informe anual que sus operaciones en Venezuela «siguen impactadas de forma negativa por la recesión económica y la inestabilidad política del país».

GMV GANADORA

La medida no ha sido celebrada por nadie. Pero desde la Federación Unitaria de Trabajadores del sector Automotriz, Autopartes y Conexos (Futaac) tienen sus reservas en cuanto a la actuación de la firma. Para Christian Pereira, presidente de esa organización, GMV es la única ganadora con el embargo.

“Le viene como anillo al dedo para tratar de justificar la salida de los trabajadores en medio de una profunda crisis de improductividad”. La empresa es la más grande de la industria con una capacidad de ensamblaje de 45 mil unidades anuales. Pero en diciembre de 2015 fue la última vez que colocaron vehículos en el mercado. Ese año, la planta trabajó a 11,23% de su capacidad al fabricar solo cinco mil 52 unidades.

Pereira recordó que sin divisas para importar piezas y para la inversión en actualización de maquinarias, las líneas de producción de GMV están totalmente obsoletas. “Ahí no se puede ensamblar ningún modelo de los que tienen en el mercado internacional. Tendrían que hacer una inversión muy grande que es imposible con este control de cambios”.

NO ES EXPROPIACIÓN

En medio de la crisis de paralización y trabajadores en suspensión laboral desde hace más de 18 mese en GMV, una disputa sindical se generó. Adán Tortolero, secretario general de la representación laboral no legalizada, es líder de la toma de la planta de Valencia desde el 8 de marzo, que obstaculizó las operaciones administrativas, acción denunciada por la gerencia como ilegal.

“Fue por resguardo que lo hicimos porque nos percatamos que la empresa estaba haciendo un desmantelamiento”. Sobre el embargo comentó que la empresa incumplió con la producción  de aproximadamente 10 mil carros que estaban destinados a un concesionario en el Zulia en el año 2000. “Es falso que el Gobierno haya expropiado  la planta, esto que está sucediendo nada tiene que ver el Ejecutivo, porque este es un embargo”.

AMPARADOS POR EL MINISTERIO

Las dudas continuaron. El personal de GMV está escéptico ante la promesa de la directora estatal del Ministerio del Trabajo, Loidy Herrera, quien anunció en la asamblea de este jueves que el organismo amparará a toda la nómina y que llevará  el caso ante el Ministro en Caracas.

Con el embargo, es la primera vez que Ampueda y Tortolero y Ampueda coinciden en algo: En la preocupación. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Solo les queda esperar.

 




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