El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por medio de un representante, rechazó este sábado los señalamientos por corrupción electoral ante una comisión del Congreso que analiza si se le debe quitar la inmunidad y exponerlo a una investigación penal.
Juan Borrayo, abogado del presidente, dijo ante la comisión que Morales no tuvo ninguna responsabilidad en las finanzas del partido derechista FCN-Nación. La fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala buscan investigar una supuesta trama de aportes ilícitos a la agrupación que lo llevó al poder en 2015.
«Él (Morales) no era el responsable de llevar la contabilidad ni los estados de cuenta del partido FCN-Nación» cuando fungió como candidato a la presidencia y secretario general hace dos años, señaló el emisario del presidente.
Borrayo reconoció errores en las finanzas de partido y que no se presentaron algunos informes ante la autoridad electoral, pero descargó la culpa en la excontadora Ana Pérez, quien fue removida del cargo el año pasado y luego denunciada en la fiscalía por la agrupación política.
Además calificó como una «politización de la persecución penal» el proceso para quitar la inmunidad hecho por el Ministerio Público (fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente único en el mundo de la ONU que apoya en la depuración judicial y desde 2015 una inédita lucha contra la corrupción.
El representante del mandatario trató de desacreditar la acusación de financiamiento anónimo al presentar copias de recibos de donación hechas por simpatizantes del partido.
La comisión pesquisidora del Congreso fue designada por sorteo el 5 de setiembre, luego de que la Corte Suprema de Justicia dio trámite al proceso para retirar los fueros al gobernante hecha el pasado 25 de agosto.
Se espera que este domingo los diputados emitan un informe y detallen si hay pruebas para procesar al presidente, aunque el panorama es complicado, según analistas, al requerirse el voto a favor de 105 de 158 congresistas para quitar la inmunidad.
Tras ser involucrado en el caso de financiamiento ilegal, Morales ordenó el 27 de agosto la expulsión inmediata del país del titular de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, acusándolo de injerencia en asuntos internos.
La orden, que desató protestas callejeras y una crisis política, fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial de esta país centroamericano.
