Un juez federal de EE.UU. adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de lavado de dinero en una corte de Miami.
El juez Robert N. Scola Jr. aprobó una moción solicitada por la defensa de Saab de adelantar del 28 de diciembre al 6 de ese mes la audiencia de «estatus», que es previa al juicio programado para el 3 de enero de 2022, según documentos judiciales.
Scola, quien presidirá el juicio, señaló en su fallo que requiere que el acusado esté presente para esa audiencia.
El juicio de enero tendrá una duración de dos semanas y estará a cargo de un jurado, que será seleccionado con anticipación.
Conspiración para lavar dinero
Saab, de 49 años, enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró «no culpable» el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.
El juez Scola desestimó a principios del mes siete cargos de lavado de dinero contra el acusado, que fue extraditado de Cabo Verde, el pasado 16 de octubre.
La reducción de cargos hizo parte del acuerdo de extradición con el Gobierno de Cabo Verde para que, en caso de que sea hallado culpable, la sentencia no exceda la que hubiera tenido en ese país africano.
Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.
Investigada empresa en Ecuador
Durante la jornada también trascendió que la empresa Foglocons, propiedad del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, incrementó las exportaciones de Ecuador a Venezuela de manera significativa, según reveló este miércoles un exfuncionario del Banco Central del Ecuador (BCE).
El exgerente del BCE Mateo Villalba compareció hoy ante una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) que investiga las actividades de esa empresa de Saab que estableció una filial propia en Ecuador, y explicó que en 2011 Ecuador exportó a Venezuela una cantidad de 6,7 millones de dólares, cifra que en enero de 2013 se había elevado a los 314,5 millones.
Villalba precisó que entre octubre de 2012 y enero de 2013 «los flujos financieros excedían en demasía a los flujos reales de exportaciones a Venezuela», lo que apuntaba a indicios sobre «una posible actividad ilícita».
También detalló que antes de asumir el cargo en enero de 2013 sus predecesores ya reportaron una «cantidad importante de operaciones inusuales» y que bajo su administración solicitó a la Fiscalía General del Estado su intervención en el caso.
Como consecuencia, varias empresas fueron sentenciadas por prácticas ilícitas a excepción de Foglocons, del colombiano-venezolano Saab, preso en EE.UU. y a la espera de juicio por lavado de dinero en enero próximo, después de haber sido extraditado por Cabo Verde en octubre, donde se encontraba retenido tras ser capturado en junio de 2020.
Socios con antecedentes penales
Villalba aprovechó para revelar que el Fiscal de esa fecha, Galo Chiriboga, lo citó para agradecer su colaboración en el caso y advertir de que «algunos socios de Foglocons podían tener antecedentes de narcotráfico y con los narcotraficantes es muy delicado».
La Comisión parlamentaria, presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, muy crítico con el correísmo y que había pedido que se esclareciera la actividad de Foglocons en el país, inició hace un par de semanas su labor sobre el caso con diferentes comparecencias.
La empresa se constituyó en 2011, y tuvo como socios al propio Saab y al también colombiano Álvaro Pulido, a los que se relaciona con la comercialización de unas casas prefabricadas por valor de 465 millones de dólares, que nunca llegaron a construirse en el territorio venezolano.
En 2012 se abrió una compañía con el mismo nombre en Ecuador a través de Pulido y de Luis Sánchez Yánez, hermano del guardaespaldas del expresidente Rafael Correa.
Según Villavicencio, el segundo estuvo implicado «en el mayor escándalo de lavado de dinero de los últimos años, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre)», adoptado en 2009 y basado en una moneda virtual acogida por los países del ALBA. EFE
