Hace unos días, el régimen chavista decretó una entelequia que llamó “emergencia energética” (para empezar, en Venezuela todo está en emergencia), y partiendo de esa premisa creó una comisión presidencial para la reestructuración y reorganización de Pdvsa. La comisión, como era de esperarse, la integran varios de los capos más rancios de la cúpula roja –incluyendo al actual presidente de la petrolera- junto a militares, ministros y uno que otro asomado. Esta comisión será otro obvio ejercicio de inutilidad, y por supuesto que la petrolera estatal seguirá por el camino que se abrió hace 20 años: cuesta abajo hacia un barranco sin fondo.

La noticia, sin embargo, nos recuerda que aún existe una empresa petrolera –que no una industria, porque como industria dejó de existir- que pertenece al Estado venezolano y que alguna vez fue un oasis de profesionalismo y generación de riqueza entre las maltratadas compañías estatales de este país. Una empresa que no empezó desde cero, sino que heredó la gente, las estructuras y los sistemas de las multinacionales que la precedieron, con una gerencia muy bien formada que supo socializar a sus empleados para darle continuidad a la cultura productiva y meritocrática que fue una de sus claves de éxito. Todo muy bien, hasta que llegó el barbarazo de 1999 y se acabaron, entre otras exquisiteces, los éxitos operativos y comerciales, la expansión internacional, las asociaciones con lo mejor del mundo petrolero, los descubrimientos de campos gigantes, la operatividad de las refinerías y el recurso humano de clase mundial que terminó emigrando, junto con su experticia, hacia muchos y muy diversos destinos en los cinco continentes.

Pdvsa nunca fue muy apreciada por la sociedad venezolana, tanto por su éxito –el éxito en Venezuela se castiga- como por ser descendiente directa de más de una decena de empresas extranjeras, ajenas a la cultura de poder, afiliación y parejerismo que domina en estas tierras. A la gente no le gustaba que los petroleros vivieran un tanto apartados, dentro de sus edificios funcionales, sus operaciones y su dedicación al trabajo. Y no deja de ser cierto que la industria petrolera se regía por otras normas, otra cultura y otras motivaciones: una anomalía, en pocas palabras; una isla de eficiencia rodeada por un mar de crisis. Un mar que, inevitablemente, terminó por invadirla.

Los gobiernos de la última República cumplieron -hasta cierto punto- con el acuerdo de dejar a la petrolera fuera del juego político. Hubo varios intentos de ponerle la mano y se llegó a erosionar parte de su capital corporativo, pero en general se respetó aquello de que Pdvsa se dedicaba al petróleo y el resto del país se ocupaba del resto del país. El acuerdo duró, como la lealtad de los militares, hasta que se acabó. Hasta que llegó el caudillismo que se venía anunciando desde mediados de la década de los 80 y se llevó por delante a la meritocracia para imponer el trueque, el rebusque y las malas mañas. Sin olvidar –porque está prohibido olvidarlo y porque está en el origen de todo- que el caudillo, el líder de la destrucción, fue escogido por el soberano en unas elecciones limpias y abiertas.

Pdvsa, como todos los negocios que invadió el chavismo, está en ruinas y su recuperación como empresa estatal integrada es, en el mejor de los casos, una utopía que debería excluirse de cualquier plan medianamente razonable. Si la petrolera vuelve a pertenecer al Estado, es decir, al público y en última instancia al gobierno, tendría que desarrollarse, otra vez, dentro de una cultura dominante que es ajena a los negocios y a la productividad. Una cultura que se salta las leyes para favorecer a los panas. Una cultura que buscó a su propio verdugo. Que aún no ha aprendido a tener instituciones sólidas –los ejemplos sobran-, y que no sabe cuánto tiempo le tomará aprender. En Venezuela, la generación de riqueza en manos del Estado supone un riesgo de fracaso demasiado alto.




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