“El señor Solís dijo que daba chance hasta el 20 de diciembre, que si no se salían de las minas, él no respondía”. Así lo manifestó Mariluz Bodrego, habitante de Tumeremo y quien se dedica a la venta informal en las minas. Para ella, la orden del comandante del Fuerte Tarabay, Ernesto Solís, es una amenaza de masacre, como las tantas que ocurren al sur de Bolívar.
Mientras en Ikabarú, municipio Gran Sabana, se conoció de la matanza de ocho mineros, en el municipio Sifontes continúan los asesinatos y desapariciones atribuidas a Solís. Al Ejército también lo acusan de violaciones hacia mujeres, de robar en casas, entre otros tantos delitos.
Las denuncias han sido reiteradas en los últimos meses. En Tumeremo se hizo este martes una protesta para exigir una vez más la salida de Solís, a propósito de la presencia de una comisión nacional del Ministerio Público, la cual estaría investigando las denuncias en contra del comandante del Fuerte Tarabay.
“Ellos (Ejército) me mataron a mi único hijo”, aseguró mientras lloraba desconsoladamente Emma López.
El fin de semana en que ocurrió la matanza en Ikabarú, su hijo Emmanuel González, de 35 años, fue asesinado en las minas de Tumeremo.
“Él se fue para mantenernos y darnos una vivienda porque no teníamos con qué. Él era mi único hijo, mi único sustento y el de mi nieta. Lo enterré el sábado y hay otros dos muchachos de San Félix que no aparecen”, contó.
Aseguran que son seis asesinados, pero al menos dos de ellos, los originarios de San Félix, son los que no aparecen. Familiares han ido a la morgue y no hay cadáveres. Pero el hecho de que no haya cuerpo no es garantía de vida.
Constantemente desaparecen personas en las minas. Nunca más se saben de ellas. Desde que el Ejército tomó las minas de la zona de Corregente, tampoco pueden entrar a buscar cuerpos. Hay víctimas que, aunque parientes tienen la certeza de su asesinato, nunca les entregan el cuerpo para dar sepultura.
“Aquí hay que velar a los muertos con una foto solamente”, afirman pobladores.
Es tanta la desconfianza hacia las autoridades, que para la mayoría, la paz solo la tienen con los grupos llamados sindicatos o, para ellos el sistema organizado.
“Con ellos nadie te roba, nadie te mata, todo se cumple, porque ellos también están tranquilos trabajando en las minas. Pero esta gente del Ejército se roba el oro de los mineros, se mete a las casas a robar la comida, matan gente, los desaparecen”, comentó un habitante del pueblo.
Deysi Castillo enterró a su hermano David, de 27 años, hace ocho días. Su cuerpo tenía dos impactos de bala, uno en la pierna y otro en la espalda.
Contó que el informe alega resistencia a la autoridad, pero quienes lograron escapar le aseguraron que nunca hubo voz de alto, tampoco enfrentamiento. “Cuando hay enfrentamiento los tiros son de frente, no de espalda”.
El pueblo amenaza con trancar la troncal 10 hasta lograr la salida de Solís y evitar el cierre de todas las minas del municipio, ya que ven en ellas su única posibilidad de sustento.
Con información del Correo del Caroní
