Crónica Uno
Por Alberto Torres @albertotorresm
Cinco meses después del primer foro de diálogo social entre Gobierno, empleadores y trabajadores en 20 años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se prepara para evaluar los compromisos suscritos en una segunda ronda, entre el 26 y el 29 de septiembre.
Pero a simple vista está lejos de notarse el cumplimiento del informe de la Comisión de Encuesta sobre los convenios 26 (fijación del salario mínimo), 87 (libertad sindical y derecho a asociación) y 144 (consulta tripartita).
Por el contrario, la conflictividad laboral sigue en aumento, arrecia la persecución y detención arbitraria de sindicalistas, y los salarios van en caída por la inflación y políticas como el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Estos son cinco puntos claves que el Gobierno ha ignorado o desatendido en el último año (con más ahínco en los seis meses recientes) y avivan el conflicto con los trabajadores:
Salarios precarios y sin protección social
La última visita de la OIT al país se produjo semanas después de que Nicolás Maduro anunciara el aumento salarial de 1700 % que llevó el sueldo mínimo a 130 bolívares mensuales.
Pero el monto, que en marzo llegó a ubicarse en 30 dólares mensuales, actualmente apenas supera los $16, producto de la devaluación del bolívar. Además, en la administración pública, ignorando los contratos colectivos, no se ajustaron las tablas en la misma proporción debido, principalmente, a que el Gobierno le dio carácter salarial a los bonos que pagaba por el sistema Patria y redujo las primas laborales.
Sumado a la falta de consulta con trabajadores y empleadores (una de las exigencias que plasma la OIT en su convenio 26), no hay datos oficiales ni un mecanismo eficiente y transparente que permitan proponer o diseñar políticas públicas en materia salarial. Los trabajadores públicos denuncian que ni siquiera hay forma de saber cuánto es lo que realmente ganan.
Onapre y respeto a convenciones colectivas
Las críticas de los trabajadores públicos hacia la Onapre se remontan a 2018, cuando con el memorándum 2792 se desconocieron por completo los contratos colectivos de la administración pública y se fijó una sola tabla para todos los entes y organismos dependientes del Estado.
Sectores como educación, salud y el petrolero han retomado las negociaciones, pero mediante centrales y sindicatos afines al gobierno, a los que las centrales independientes denominan “sindicatos paragubernamentales”.
La aplicación del instructivo Onapre le agregó más leña al fuego, no solo por sus efectos en los ingresos de los trabajadores, sino porque es evidencia del desconocimiento del Estado venezolano al convenio 87 al pasar por encima, incluso, de los contratos colectivos negociados por las centrales oficialistas.
Libertad sindical y persecución
La Alianza Sindical Independiente (ASI) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), centrales sindicales que participan en el proceso de la OIT, enviaron sus comentarios a las memorias de cumplimiento de convenios que el Gobierno prevé entregar al organismo internacional. La política de persecución a trabajadores fue uno de los temas cuestionados.
La profesora Jacqueline Richter, miembro del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, detalla que actualmente hay al menos 85 dirigentes sindicales con procesos penales en curso y se mantiene la ola de detenciones y arbitrariedades hacia personas que exigen respeto a los derechos laborales.
Entre los ejemplos más recientes está el de los sindicalistas y activistas del partido Bandera Roja, a inicios de julio, por parte de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o la condena a cuatro años de prisión para el trabajador Eudis Girot, excarcelado durante la visita de la OIT, pero con régimen de presentación y prohibición de salida del país.
Las centrales observan, además, que se mantienen las políticas de hostigamiento a sindicatos como el de Inparques o la empresa privada Coca-Cola, bajo la anuencia y complicidad del Estado, y la vigencia de una legislación “antisindical” que empieza con la actual Ley del Trabajo.
Mora electoral
En 2019, el Ministerio del Trabajo reconoció a la OIT que al menos 66 % de las organizaciones sindicales del país estaban en mora electoral y ello se debe, principalmente, a las trabas jurídicas que se deben sortear para renovar las autoridades.
La CTV y ASI destacan que las trabas las impone el Consejo Nacional Electoral, que desde 2006 organiza las elecciones y valida los resultados pese a que la OIT recomienda que su apoyo solo sea técnico, y el Ministerio del Trabajo, que mediante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (RENO) fiscaliza constantemente a los sindicatos.
Los sindicatos con períodos vencidos no pueden representar a los trabajadores en discusiones de contrataciones colectivas, actas convenios ni pliegues de peticiones ante los patronos. La mora electoral, por ende, delega en los sindicatos oficialistas la totalidad de las discusiones de materia salarial y laboral del sector público.
No hubo mesas técnicas
De las conversaciones de abril se esperaba que surgiera la instalación de mesas técnicas tripartitas apoyadas por una delegación de la OIT. Tal hecho no ocurrió, aunque sí hubo reuniones bilaterales Gobierno-empleadores y Gobierno-trabajadores, según dijo a Crónica.Uno el secretario ejecutivo de la CTV, Tito Blanco.
El líder gremial, sin embargo, aclaró que las conversaciones no llegaron a resultados concretos o destacados. José Elías Torres, presidente de la CTV, califica como un logro la visita y el seguimiento de la OIT al diálogo tripartito, pero que la falta de respuesta gubernamental a los temas tratados afecta la credibilidad del proceso.
“Estos procesos no pueden ser eternos”, recalca el profesor universitario y abogado laboral Humberto Villasmil, y añade que el resultado del caso Venezuela puede sentar precedente en cuanto a la efectividad de la OIT para mediar en conflictos futuros en los que un gobierno hace oídos sordos ante los reclamos en materia laboral.
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