La visita a Venezuela de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sigue siendo objeto de interpretaciones contrarias a la luz de sus distintos efectos sobre el régimen usurpador de Nicolás Maduro, responsable tanto como éste, en lo personal, de las violaciones sistemáticas y generalizadas allí ocurridas, constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
Es inevitable que cada quién juzgue según su óptica, más bajo el ambiente de tragedia y crispación que sufren los venezolanos, anegados por la hambruna y la violencia, víctimas del modelo de esclavitud social y política impuesto bajo los cuidados de la satrapía cubana invasora y la ayuda de unos malos hijos de aquella patria, la mía.
Maduro, interesado en estabilizarse, celebra la visita de la Bachelet. Encuentra su reconocimiento, el que pierde ante el mundo Occidental, y ella, a la par, espera que sea éste el que acometa las rectificaciones.
Quienes, como Juan Guaidó, hacen un esfuerzo para ponerle fin a la causa real de las violaciones que ya suman por miles y millones a las víctimas – ora las que medran sin comida ni medicinas, ora quienes hacen parte de la diáspora y transitan por tierras ajenas para salvarse – resienten lo más elemental: el trato complaciente y tolerante que le procura la Bachelet a la horda a la que debe imputar por los crímenes que motivan su visita. ¡Olvida, por un instante, que su compromiso estatutario es con las víctimas y su deber perseguir al victimario, sin consideración de rangos! ¿Se dejó traicionar por su cultura de gobernante, por su proximidad ideológica a los mismos criminales?
En medio de unos y de otros se encuentran las ONG y las víctimas, que al caso y como logro propio – es explicable – se alegran con la venida de la más alta autoridad en la materia de derechos humanos, pues han pasado casi dos décadas desde cuando se prohíbe el ingreso al territorio nacional de veedores internacionales. Ser escuchadas las víctimas y sus familiares por los órganos de protección mundial, a falta de los internos, concita sosiego humano, ayuda a mantener la memoria, alcanzar la verdad, y favorecer la justicia.
Todos a uno, sin embargo, mantienen la expectativa. Esperan por el informe final de la Alta Comisionada, cuya declaración final, antes de partir, lamentablemente dejó trazas polémicas y comprometedoras de su imparcialidad.
Pero hay algo sustantivo y grave que me mortifica. Me refiero a la ruptura que la actuación de la Bachelet, como entidad vigilante en materia de derechos humanos, quien deja oficiales suyos en Caracas para recaudar informaciones, pueda causar en el principio de la subsidiariedad, soporte y fundamento de los sistemas de tutela y garantía internacionales.
Dejo de lado lo que de entrada grafica la cuestión. La ONU reconoce a la claque dictatorial militar que conduce Maduro y gobierna de facto, en tanto que la OEA, ratificándose en su última Asamblea General, que se celebra en Medellín, y salvo por el arrebato del coludido gobierno uruguayo de Tabaré Vásquez, ha hecho saber que, en las Américas, la presidencia constitucional de Venezuela reposa en las manos de su Encargado, Guaidó.
El principio de la subsidiariedad, de larga estirpe y prosapia, con asidero, incluso, en el pensamiento tomista y medieval, significa que “las instancias superiores no deben sustituir a las inferiores, sino actuar cuando éstas sean incapaces de hacerlo; en segundo lugar, las instancias superiores deben ayudar a las instancias inferiores para que puedan conseguir mejor sus objetivos”.
La subsidiariedad es la premisa que asegura, en todos los planos de la vida, incluidos el jurídico y el político, la intangibilidad de la persona humana, su no reducción a cosa disponible. Es el muro contra los totalitarismos. Esta y sus expresiones sociales, que se expanden como círculos concéntricos – la familia, la comunidad, el municipio, el Estado, la comunidad internacional, la humanidad totalizante – tienen ámbitos de realización indelegables, y se deben colaboración recíproca sin que ninguno absorba al otro o lo extinga, o lo haga su siervo.
El Tribunal Penal Internacional, por ende, conoce de los crímenes de lesa humanidad en defecto de las jurisdicciones nacionales cuando no actúan o se muestran indiferentes o son cómplices. Las comisiones y tribunales internacionales de derechos humanos valoran las violaciones acaecidas y precisan las responsabilidades, sólo cuando el Estado, por acción u omisión, favorece o permite la impunidad.
La CIDH, en 2017, hizo público su informe sobre la situación de derechos en Venezuela. En inventario veraz y cuidadoso destaca, en sus 268 páginas, las graves violaciones señaladas y el desprecio reinante por el Estado de Derecho y la democracia que las propicia y agrava.
En 2018, el secretario de la OEA, Luis Almagro, abunda todavía más, y con datos duros prueba los crímenes de lesa humanidad del usurpador Maduro y lo denuncia ante la Corte Penal Internacional.
¿Se ha leído tales documentos la Alta Comisionada? ¿Los hizo suyos o los verificó, respetando los fueros del Sistema Interamericano? ¿Con sus delegados hace borrón y cuenta nueva, sin un juicio previo de valor y con desprecio por la regla de la subsidiariedad, analógicamente consagrada por la Carta de San Francisco que la obliga como representante de la ONU?
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