La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) rechazó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) llamara de forma adelantada a elecciones presidenciales en medio de la crisis económica, política y social que vive el país, y aseguró que es un despropósito ético y humano.
«Es (…) un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo, que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de distracción y alienación, en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población», dijo la CEV en un comunicado.
Los obispos venezolanos que han criticado en reiteradas ocasiones las actuaciones de la Constituyente remarcaron que esta convocatoria es un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la ANC.
«Tenemos una Constitución Nacional y unas leyes que estipulan claramente el procedimiento de las elecciones. Sencillamente, se desconocen y omiten estas disposiciones, para legislar según los intereses propios del poder», agregó el comunicado.
Asimismo, la CEV exhortó a los dirigentes políticos a asumir responsablemente la difícil y real situación y les señala que la comunidad internacional ha declarado abiertamente su convicción de que la actuación del gobierno es inaceptable.
En ese sentido, el episcopado afirmó que la actuación de los partidos políticos ha sido en muchas circunstancias deficiente e incoherente y los invitó a abrirse a buscar un consenso con los diferentes sectores de la sociedad, pues una condición imprescindible es el reconocerse y lograr una unidad política.
La CEV llamó al pueblo venezolano a reflexionar serena y seriamente sobre lo qué significa el adelanto de las elecciones presidenciales, que comúnmente se realizan a finales de año.
El pasado 23 de enero la Constituyente aprobó convocar a elecciones presidenciales para antes del mes de mayo, una propuesta que fue hecha por el dirigente chavista Diosdado Cabello, que aseguró que esta era una respuesta a las sanciones que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos le han impuesto a funcionarios venezolanos.
