El Gobierno español se desvinculó del caso de corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos, que fue un estrecho colaborador de Pedro Sánchez, mientras la oposición conservadora pide la dimisión del jefe del Ejecutivo, en un nuevo escándalo que crispó el clima político del país.
La proceso que afecta a Ábalos se remonta a denuncias sobre una trama que se benefició de la venta de mascarillas durante la pandemia y que envolvía a Koldo García, un asesor del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista.
La investigación del llamado 'caso Koldo´ reveló ahora nuevas implicaciones y el papel relevante de Ábalos en la red, según un informe entregado al juez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El empresario e intermediario
En el centro de la trama, la investigación sitúa al exministro, a su entonces asesor y al empresario Víctor de Aldama, consejero asesor de la compañía Air Europa, que se jactaba en público de la influencia que ejercía en el Ministerio de Transportes.
Aldama entró en el círculo del exministro a través de su hermano, que era escolta de Ábalos, y del asesor Koldo García.
La UCO comprobó que la relación entre Ábalos y Aldama se fue estrechando y situó al empresario intermediario en otros países, principalmente Venezuela, o en la adjudicación de contratos públicos en favor de terceros.
Víctor de Aldama pudo haberse valido de su relación con Ábalos y para influir en la concesión del rescate de Air Europa tras la pandemia.
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La vinculación llegó a asuntos privados y De Aldama fue presuntamente el encargado de pagar, a través de un testaferro, el alquiler de un piso que Ábalos puso a disposición de su entonces pareja por una cifra próxima a los 89.000 euros.
El exministro fue también agasajado con un chalet en una urbanización exclusiva en Cádiz (sur de España) que el empresario adquirió en 2021 por más de medio millón de euros.
Sánchez: Quien la haga, la paga
Sánchez, que en 2021 cesó a Ábalos de sus cargos en el Gobierno y la Ejecutiva socialista, aseguró hoy que "no va a haber impunidad. Quien la haga, la paga".
Un mensaje en el que insistieron varios miembros de su gabinete, que reiteraron la disposición del Gobierno a combatir la corrupción y se han mostrado "tranquilos" ante la tormenta política.
No lo ve así el jefe de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, para quien la verdad de la corrupción en el Gobierno está aflorando a través de las informaciones judiciales. "Avanza a un ritmo que asusta".
Los populares pidieron la dimisión de Sánchez ante lo que consideran que será el mayor caso de corrupción de España.
La visita de la vicepresidenta venezolana
El caso volvió a incluir en la agenda política española la polémica reunión que mantuvo Ábalos en el aeropuerto de Madrid en enero de 2020 con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro.
En aquel momento, el Ejecutivo español afirmó que la gobernante venezolana no había salido del aeropuerto y, en consecuencia, no podía considerarse una violación de la directriz comunitaria, y que su visita había sido improvisada.
La investigación destapó que Ábalos informó a Pedro Sánchez y que el presidente dio el visto bueno al encuentro y reveló el vínculo de Aldama con Delcy Rodríguez.
Sánchez reconoció que el exministro le informó de la visita privada de Rodríguez, pero que cuando el Gobierno se percató de que había sanciones que la impedían pisar suelo europeo se canceló esa visita.
La investigación abre la puerta a una posible imputación de José Luis Ábalos, que actualmente es diputado y se negó dejar su escaño tras ser suspendido de militancia por el Partido Socialista el pasado febrero.
El exministro pidió al juez del caso Koldo que le permita declarar como testigo para poder defender su inocencia.
