Carlos Correa, director de la Organización No Gubernamental Espacio Público
Foto referencial

Una irregularidad tras otra. Así se ha desarrollado el proceso judicial que se inició en contra del reportero de El Carabobeño, Kevin Arteaga, por publicar la protesta de un grupo de vecinos en la que se denunciaron presuntos hechos de corrupción.

Se trata de lo que el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, cuestionó severamente por ser una medida en la que se le acuña al redactor una responsabilidad de la que es ajena.

“El comunicador siempre tiene la responsabilidad de transmitir fielmente lo que dicen las personas y eso es muy importante, porque si alguien dice una barbaridad que puede estar afectando el derecho de un tercero, no es responsabilidad del periodista, sino de la persona que emite la información”.

A esto se suma que es tarea de quienes trabajan en medios de comunicación es visibilizar las denuncias que hacen desde las comunidades y, de alguna manera, colocarlas al debate público para que las instituciones actúen si corresponde, o que la sociedad pueda deliberar sobre ello.

Es así que “cuando se persigue al periodista se está cercenando la posibilidad de que circule libremente la información y, por lo tanto, se está reduciendo la voz de las comunidades y aumenta el ejercicio arbitrario del poder”.

Para Correa, los parámetros a seguir frente a la publicación de una denuncia en cualquier medio son claro: Si un líder de una comunidad dice que hay corrupción en una determinada gestión pública, eso es lo que se debe investigar, si de verdad hay o no una irregularidad.

“Después, si alguien porque no tenía la información correcta o porque deliberadamente quería afectar a esa persona, podría haber algún tipo de responsabilidad en quien emite la opinión no en el medio o periodista”.

Violación evidente de derechos

Con la investigación que abrió el Tribunal Primero en Funciones de Control de Carabobo, al redactor Kevin Arteaga, se violan derechos humanos, contemplados internacionalmente, y que en Venezuela están consagrados en la Constitución.

“Es este caso se aplica una suerte de castigo anticipado, es decir, en el país es común que en estos procesos las personas no pueden ejercer su defensa adecuadamente sino que, muchas veces, se restringe el trabajo de cobertura a los periodistas, o incluso le puede generar miedo e intimidación”.

El director de Espacio Público fue enfático en señalar que el tribunal está ejerciendo es una acción que claramente está concentrándose en tratar de llevar la responsabilidad  al mensajero, en lugar de conocer cuáles son las razones que está argumentando la gente de la comunidad, “y si hubiera alguna responsabilidad, se debe tener claro que es de quien emite la información, no de los periodistas”.

El llamado de Correa es a que termine la acción en contra del medio y del reportero, una vez que se esclarezca todo con los videos, declaraciones y todo el material necesario en que se evidencia quién fue el que emitió la opinión.

Criminalización de la actividad periodística

El abogado de la causa, Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo, explicó que al momento de asistir a la citación en la Fiscalía Primera de la entidad, no se conocían las causas por las cuales estaba siendo convocado a comparecer. El documento de la citación solo mencionaba el carácter de “investigado”.

En el encuentro, la fiscal auxiliar María Alejandra Macualo Cermeño explicó que se debía a una orden por parte del Tribunal Primero de Control de Carabobo, motivado a un Auxilio Judicial en el que una persona solicitó que se realizara una entrevista a Arteaga.

“Esta persona intenta esta acción debido a que presuntamente el redactor cometió un delito, al cubrir una manifestación donde se denunciaban hechos de corrupción. Al momento de ser interrogado por el Ministerio Público, Kevin Arteaga  decidió no declarar haciendo uso de su derecho constitucional. Se debe decir que los representantes del Ministerio Público en todo momento respetaron sus garantías y derechos,  el trato fue respetuoso y cordial.”

Próximamente, Betancourt realizará acciones jurídicas para ejercer el derecho a la defensa del reportero “y demostraremos que ejercer la profesión periodística no debe ser criminalizada. Utilizar el aparato judicial para intimidar la libertad de expresión, debe ser condenado y lo denunciaremos las veces que sea necesarias”.




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