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El Gobierno español ha aprobado este viernes la extradición a Colombia de Héctor Albeidis Arboleda, conocido como «El Mengele» de las FARC, acusado de 300 abortos forzados a guerrilleras, muchas menores y con embarazos de hasta ocho meses, en medio de la selva y sin anestesia.

La Audiencia Nacional aprobó la extradición de Albeidis el pasado 2 de diciembre y este viernes a petición del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Gobierno ha dado luz verde su entrega a las autoridades de Bogotá para ser enjuiciado como presunto responsable de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, aborto sin consentimiento y asociación ilícita.

«El Mengele» es sospechoso de haber practicado entre 1998 y 2004 numerosos abortos forzados y en condiciones infrahumanas a cientos de guerrilleras indígenas menores de edad, muchas de ellas violadas por sus superiores.

Estas mujeres eran obligadas a abortar bajo la amenaza de ser fusiladas y algunas de ellas fallecieron poco después al no recibir los tratamientos adecuados.

Según el auto de extradición de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, Albeidis, quien también colaboró con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Revolucionario Guevarista (ERG), obligaba a las mujeres a beber químicos para interrumpir sus embarazos.

Algunas operaciones se hacían en cuartos de hotel en camillas «amarradas con plásticos de llantas» o en el mismo suelo sobre plásticos cubiertos con hojas, donde «a las mujeres se les practicaban los abortos, una detrás de otra, sin siquiera limpiar la sangre de las que ya habían abortado».

El relato de los hechos, elaborado a partir de las declaraciones de víctimas y testigos, deja historias «escalofriantes», según la Sala, como las de las mujeres que «vieron el producto de sus embarazos deseados despedazados, vieron sus hijos llorar y morir» y oyeron a Albeidis decir que a los bebés «había que picarles y tirarles al sanitario o a la basura».

Otras contemplaron a los bebés de sus compañeras tirados en un barranco, con lo que también se les privaba del derecho a enterrarlos y les dejaba al nivel de «seres irracionales».

Albeidis, de 41 años, tiene una enfermedad degenerativa y salió de su país en 2005 para pedir asilo en España, que le fue denegado, aunque años después obtuvo la nacionalidad española.

En 2015 se le detuvo en Madrid y fue puesto luego en libertad en espera de la vista de extradición, pero, una vez que la Audiencia Nacional accedió a su entrega, se le volvió a detener para evitar que se fugara.




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