(CDP)

Meudy Osío, viuda del concejal fallecido Fernando Albán, pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda para que los restos sean llevados a Estados Unidos, para que su familia pueda sepultarlo.

“Luego de dos meses sin respuesta concreta con respecto a los sucesos que conllevaron a la muerte de Fernando, solicito ante esta comisión que inste al estado venezolano a que traslade el cuerpo de mi esposo para darle sepultura aquí en EE UU, donde está su familia”, dijo Osío.

Igualmente pidió la creación de una comisión independiente que investigue la verdad del caso. “Solicito que se constituya una comisión autónoma para que investigue las violaciones de derechos humanos de la que fue víctima Albán. Como familia, tenemos derecho a saber la verdad, solicitamos justicia”, argumentó la esposa del concejal.

Fernando Albán falleció el 8 de octubre mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El fiscal general designado por la Asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó que el concejal se arrojó por una ventana del edificio.

Los comisionados mostraron su apoyo ante esta solicitud, por ello decidieron procesar con inmediatez. Además, mostraron su interés en saber la disposición del Estado venezolano en aceptar esa petición.

Este miércoles, varias organizaciones discutieron ante este sistema de protección de derechos humanos sobre la situación de derechos políticos y detenciones arbitrarias. Comisionada Flávia Piovesan recalcó que el Estado venezolano tiene el deber de investigar, procesar y reparar la grave violación que constituye la muerte de Fernando Albán.

También la ONG @NoMasGuiso denunció ante la @CIDH sistemáticos ataques a diputados y la AN: 8 diputados están fuera del país por persecución, 4 han sido presos y torturados, 3 han sido suspendidos de sus cargos, a 6 les anularon los pasaportes, 3 han sido inhabilitados, 75 sentencias TSJ.

Pidieron además la derogación de la Ley del odio y que se realicen los respectivos procesos legales de los 59 colombianos detenidos en Venezuela; y que se lleve a cabo el juicio de Rubén González con las debidas normativas.



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