(Foto Dayrí Blanco)
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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

Dagny Pérez no puede evitar llorar. Lo hace espontáneamente y no oculta su tristeza. Ya cuenta cuatro días separada de su esposo desde que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se lo llevó de su casa. sus hijos de dos y 12 años también lloran. El menor no duerme por las noches, y la mayor se seca las lágrimas con frecuencia. Todos están convencidos de la inocencia de Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo. “A Maduro le digo que si está buscando culpables se equivocó con él”.

Ella tiene cuatro meses de gestación y debe estar de reposo absoluto según recomendación de su especialista. “Tengo que estar siempre acostada. Estaba bajo el cuidado de Julio. Pero ahora no puedo cumplir con el reposo”, dijo visiblemente afectada por la situación que le ha tocado enfrentar porque desde el Ejecutivo condenan a su esposo por razones políticas.

Insistió que las únicas armas de García siempre han sido pancartas e inyectadoras. “Al Gobierno le pido que haga bien las averiguaciones porque Julio tiene una trayectoria marcada por la defensa gremial de los enfermeros, y la atención sin distinción alguna de los pacientes que lo necesitan”.

El director nacional del Sebin, Gustavo González López, señaló a García como uno de los involucrados en la planificación del asalto a la 41 Brigada Blindada, ocurrido el pasado domingo 6 de agosto.

Pérez ha podido ver a su esposo solo una vez desde la detención que ocurrió junto con el allanamiento violento a su casa, ubicada en la urbanización La Trigaleña de Valencia. Fueron entre cinco a 10 minutos de visita que le permitieron. “Está físicamente bien y le están monitoreando la tensión. Pero está muy deprimido y angustiado al verse encerrado injustamente”.

Confirmó que tras la privativa de libertad que le dictó un tribunal militar en Fuerte Tiuna, la noche del lunes, no fue enviado a Ramo Verde, que fue el sitio de reclusión fijado, sino al Sebin en Naguanagua, por su estado de salud.

Aun se está a la espera de la juramentación de los abogados privados tras la designación ilegal de defensores públicos y privados que estuvieron en la audiencia de imputación.

 




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