El Departamento de Justicia anunció este sábado que Lisa Montgomery, quien estranguló en 2004 a una mujer embarazada en Missouri antes de cortarle la barriga, sacarle y secuestrar al bebé, recibirá una inyección letal el 8 de diciembre.
La última mujer en ser ejecutada por el gobierno de Estados Unidos fue Bonnie Heady, quien murió en una cámara de gas en Missouri en 1953, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.
La ejecución federal de Brandon Bernard, quien con sus cómplices asesinó a dos líderes religiosos juveniles en 1999, también está programada para diciembre.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que los crímenes por lo que estas personas serán sometidas a la pena capital fueron «asesinatos especialmente atroces».
Este año, el gobierno de Trump anunció que retomaría las ejecuciones federales, que habían sido postergadas por décadas.
En diciembre de 2004, Montgomery condujo desde Kansas hasta la casa de Bobbie Jo Stinnett, en Missouri, supuestamente para comprar un perro.
«Una vez dentro de la residencia, Montgomery atacó y estranguló a Stinnett, que estaba embarazada de ocho meses, hasta que la víctima perdió el conocimiento», según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
«Usando un cuchillo de cocina, Montgomery cortó el abdomen de Stinnett, con lo que recuperó el conocimiento. Se produjo una lucha y Montgomery estranguló a Stinnett hasta la muerte», agrega.
Montgomery luego sacó al bebé del cuerpo de Stinnett, se llevó al bebé con ella e intentó pasarlo fuera como si fuera suyo.
En 2007, un jurado encontró a la mujer culpable de secuestro federal y asesinato y recomendó por unanimidad la pena de muerte.
Los abogados de Montgomery, por su parte, dicen que cuando era niña sufrió daños cerebrales a causa de las palizas que recibió en su casa y que no se encuentra bien mentalmente, por lo que no debería enfrentar la pena de muerte.
Bajo el sistema de justicia de Estados Unidos, los delitos pueden ser juzgados en tribunales federales, a nivel nacional, o en tribunales estatales, a nivel regional.
Ciertos delitos, como la falsificación de moneda o el robo de correo, se juzgan automáticamente a nivel federal.
La pena de muerte fue prohibida a nivel estatal y federal por una decisión de la Corte Suprema de 1972 que canceló todos los estatutos existentes sobre la pena de muerte.
Pero otra decisión de la Corte Suprema de 1976 permitió a los estados restablecer la pena de muerte y en 1988 el gobierno aprobó una legislación que la volvió a hacer disponible a nivel federal, reseñó themexicopost.mx
