UPEL
(Foto referencial)
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A las 9:00 p.m del lunes daba inicio la audiencia de presentación de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en el estado Aragua, informó la periodista Gabriela Aguiar, quien confirmó durante una entrevista para el programa de radio “Primera Voz” que los jóvenes habían sido declarados culpables y por ende serían trasladados a varios penales del territorio nacional. Algunos serán sometidos a un período de adaptación de un mes sin contacto con sus familiares.

Un tribunal militar en la sede de la comandancia de Aragua fue el encargado de decidir el destino de estos jóvenes quienes cayeron en manos del juez quinto de control, Edgar Balcanes y la fiscal militar Katiusca Ochoa Chacón, quien participó en el denominado “Golpe Azul” detalló Aguiar.

Instigación a la rebelión, sustracción de armas a la FANB y destrucción de la fortaleza son los delitos que les fueron imputados a los estudiantes. Aguiar aseguró que por estos crímenes la condena no debería exceder los 18 años. 

Dentro del recinto había presencia de Guardias Nacionales y de la Policía de Aragua que apuntaba a los acusados con sus armas de fuego para intimidarlos, algo que perturbó a los que se encontraban dentro de la sala.

De los 27 detenidos  cinco mujeres recibieron casa por carcel, 11 de los 22 hombres fueron enviados a la carcel de El Dorado, en donde deberán pasar por un periodo de adaptación de un mes, en el que no tendrán contacto con familiares ni allegados, mientras que los otros 11 fueron enviados a la carcel 26 de Junio. situación que la periodista tildó de “muy delicada”.

El caso de estos jóvenes esta en manos de diversas organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados y el Foro Penal Venezolano.

Una de las muchachas fue puesta en libertad tras haber recibido una golpiza que se evidenció en su rostro. Esta situación influyó según la periodista para que la dejaran en libertad y la trasladaran al Seguro Social, en donde sería atendida.

Estos estudiantes fueron capturados mientras se resguardaban en la casa de estudios aragueña, debido a la brutal represión de los cuerpos policiales, pero a pesar de las normas que protegen a estos centros, la autonomía universitaria fue violada y de igual modo ingresaron al lugar sin tener una orden de allanamiento.




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