(Foto EFE)

La permanencia de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua podría convertir al país centroamericano en una Venezuela, pero con peores consecuencias, ya que no habría muchos países interesados en resolver la crisis, afirmó hoy el excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa.

“Mi temor es que Nicaragua va a convertirse en una Venezuela, y no creo que exista en el Grupo de Lima la voluntad de tener otra papa caliente en el hemisferio”, dijo a Efe, Aguirre Sacasa, vía telefónica desde Washington.

Ortega enfrenta actualmente la mayor crisis de poder en sus once años de mandato, con multitudinarias manifestaciones que comenzaron hace 37 días, en las que han muerto al menos 76 personas como producto de la represión de la Policía Nacional y “fuerzas parapoliciales”, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A la inconformidad local, Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, deben añadir el fastidio internacional, según Aguirre Sacasa, ya que en Washington “hay un profundo malestar por la muerte de casi 80 nicaragüenses, se considera que la represión del Gobierno de Nicaragua ha sido tremenda”.

“Creo que van a venir sanciones de Estados Unidos”, agregó el excanciller.

Por otro lado, Aguirre Sacasa aplaudió que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, haya modulado su discurso respecto a la crisis de Nicaragua, puesto que dejó de culpar a los demócratas (manifestantes) y aceptó como válido el informe de la CIDH.

“Si Almagro quiere volver a darle beligerancia a la OEA, necesita dedicarse a Nicaragua con la misma pasión que con Venezuela, (puesto que) si continuamos con esta postura, van a perder los nicaragüenses, va a perder El Carmen (la familia Ortega-Murillo), y va a perder la comunidad internacional, porque se va a volver a contraer la economía”, sostuvo.

El excanciller opinó que, para salir de la crisis, Nicaragua necesita “un acuerdo creíble y acelerado para regresar a la democracia”, que debe nacer de una negociación entre el Gobierno y los demócratas, lo que no se ha podido lograr con el diálogo que fue suspendido por los obispos locales como mediadores. 




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