Gladys Páez, y Lila González, en la redacción de El Carabobeño.(Foto Dayrí Blanco)
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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

En la Secretaría de Educación de la gobernación de Carabobo son expertos en exclusión. Al menos así lo sienten los más de tres mil 500 docentes adscritos a esa dependencia que no fueron incorporados en la lista de quienes pueden comprar las bolsas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Se trata de dos mil jubilados, mil desincorporados y 500 maestros que están de reposo. Son los que menos cobran cada quincena, algunos reciben menos de sueldo mínimo y no gozan del bono de alimentación, según denunció Gladys Páez, primer vocal del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Base Solidaria de Educadores de Carabobo (Sutrabasec).

El resto de los cuatro mil docentes activos en las 340 escuelas que hay en la región dependientes de la gobernación, también enfrentan problemas para acceder al combo CLAP: Deben hacer el pago por adelantado y dos o tres semanas después les avisan para que se dirijan a hacer una larga cola en una institución elegida por municipio. A eso se le suma que lo que cancelan es tres mil bolívares por encima de lo que se paga en las comunidades por la misma cantidad de alimentos.

Páez señaló a Freddy Laguado, director de Bienestar Social de la Secretaría de Educación, como el responsable de todas esas irregularidades. “A lo excluidos les pide que hagan una carta dirigida a un movimiento político que está bajo su coordinación, y eso no debe ser, no es legal”.

DEUDA DE MÁS DE MIL MILLONES

La Gobernación está en deuda con sus educadores. Alrededor de 150 mil bolívares se le debe a cada uno de los siete mil 500 maestros de la entidad como consecuencia del pago incompleto de varios pasivos laborales.

Lila González, secretaria de disciplina y vigilancia de Sutrabasec, explicó que en diciembre no se canceló en su totalidad los beneficios de homologación del contrato nacional ni lo correspondiente por días de antigüedad.




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