El ex gerente general de la compañía estatal PetroPerú, Hugo Chávez, acusado por un presunto caso de corrupción, se entregó este lunes «de manera voluntaria» a la Fiscalía peruana después de que el 25 de noviembre se emitiera una orden de detención preliminar de 10 días en su contra.
Chávez señaló, antes de ingresar a la sede del Ministerio Público, que las acusaciones en su contra son «falsas» y que tras ellas se esconde un «tema político», por lo que se entregó de «manera voluntaria» a las autoridades luego de su marcha vía terrestre a Bolivia cuatro días antes de la emisión de la orden de detención, según información difundida por medios locales.
Encapuchado, con gorra y mascarilla y acompañado de su abogado apareció el exgerente de la petrolera para entregarse esta mañana en la sede del Ministerio Público en Lima.
El abogado de Chávez, José Ugaz, aseguró a RPP que «jamás» se acogerán a la figura jurídica de la colaboración a cambio de beneficios en las investigaciones sobre la empresa pública de petroleo, la mayor compañía del país, porque, para llegar a ese punto, tendrían que «inventar hechos».
El equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder investiga al exgerente de la entidad estatal por un presunta contratación irregular de la empresa subsidiaria Heaven Petroleum Operator S.A. (HPO), de la cual es gerente Samir Abudayeh.
En octubre de 2021, según informó el programa dominical Panorama, Chávez, Abudayeh y la empresaria Karelim López se reunieron en el Palacio de Gobierno con el presidente peruano, Pedro Castillo, y dos semanas después la compañía obtuvo el concurso de licitación para vender biodiesel B100 a PetroPerú por valor de 74 millones de dólares.
Por todo ello, la Fiscalía investiga a Chávez por incurrir en presuntamente en delitos de colusión (fraude) agravada, negociación incompatible y tráfico de influencias en calidad de instigador.
La orden de detención emitida por el Ministerio Público también implica al jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), Fernández Latorre, al empresario Samir Abudayeh y el exasesor Henry Shimabukuro. Todos ellos ya están a disposición de la Justicia peruana.
La resolución judicial de la Fiscalía apuntó a que todos ellos son supuestos partícipes de una organización que presuntamente encabeza el presidente Castillo para la adjudicación de obras públicas y la contratación de allegados.
