Tras la aprobación de la ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, organizaciones sociales como los profesionales y técnicos del Congreso de la Patria apuestan por la celeridad en la aplicación de justicia frente a casos de violencia política, una de las expresiones de intolerancia que ha sufrido la sociedad venezolana.
En 2016, representantes de la citada organización acompañaron a víctimas de esos actos violentos a consignar denuncias ante el Ministerio Público (MP) exigiendo la apertura de investigaciones contra dirigentes de la oposición venezolana, por incurrir en delitos como instigación.
Ante esas demandas, que se suman a la exigencia de justicia por la espiral de violencia perpetrada entre abril y julio de este años, l la nueva ley es considerada un acto de justicia, indicó Andrés Giussepe, coordinador del Congreso de la Patria de Profesionales y Técnicos.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se ha puesto a la altura del momento histórico que vive nuestro país al aprobar una ley que esperamos revierta la crisis y el odio que han generado representantes de oposición, dijo Giussepe.
En entrevista concedida a AVN, reiteró el llamado a acelerar la aplicación de justicia ante los casos denunciados, para evitar que quede impunes tal como ocurrió durante la gestión de la fiscal Luisa Ortega Díaz, destituida en agosto pasado y quien silenció casos de violencia política registrados este año.
La ley establece una sanción de prisión de 10 a 20 años a quien públicamente promueva o incite al odio. Además, no podrán constituirse o se revocará la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de partidos políticos que promuevan la intolerancia y odio.
Ciudadanos, actores clave
El coordinador del Congreso de la Patria de Profesionales y Técnicos también instó a los ciudadanos a mantener el seguimiento al cumplimiento de la ley, que busca la paz como un deber de la nación, involucrando no solo al Estado sino a todos los ciudadanos a ser responsables de erradicar y prevenir actos de odio.
Es importante que los ciudadanos participen en los procesos de denuncia; de lo contrario, se genera ingobernabilidad, por eso la ciudadanía tiene que hacer seguimiento, sentenció Giussepe.
