El exministro interino de Salud de Bolivia Marcelo Navajas espera en celdas judiciales su audiencia de medidas cautelares, tras ser acusado por varios delitos como conducta antieconómica en un escándalo de supuesta corrupción en la compra con sobreprecio en España de respiradores.
Navajas fue conducido a celdas judiciales tras brindar su declaración en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz.
El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, manifestó a los medios que Navajas es imputado por al menos siete delitos como uso indebido de influencias, uso indebido de servicios y bienes públicos, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, malversación y delitos contra la salud.
Por este caso hay otras cuatro personas que también están en celdas judiciales, aún sin fecha ni hora para su audiencia de medidas cautelares, entre ellos funcionarios del Ministerio y de una agencia estatal de Salud.
Cossío indicó que se convocará en calidad de testigos al exministro de Salud Aníbal Cruz y al cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada.
La abogada del exministro detenido, Rosario Canedo, señaló que en la declaración de Navajas se demostró la inexistencia de delito alguno y que la contratación fue absolutamente legal, pues respondía a un estado de necesidad ante la pandemia por coronavirus.
En tanto la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, pidió celeridad en la investigación y que se llegue al fondo de esta situación «caiga quien caiga» y ordenó que “no se pague ni un centavo más» por los respiradores.
El caso saltó en un momento en que la mandataria transitoria es cuestionada por su gestión de la crisis generada por el coronavirus y Navajas fue cesado en el cargo luego de ser arrestado el pasado miércoles.
Una primera partida de 170 respiradores llegó la pasada semana en un vuelo especial desde la ciudad española de Barcelona y era distribuida por hospitales de Bolivia hasta que se conoció que su costo de casi 28 mil dólares cada uno puede triplicar el precio real, además de trascender que solo podrían servir para emergencias y no para lo que fueron contratados, para terapia intensiva.
En la investigación de este caso también se ha pedido información al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra por unos cinco millones de dólares.
El caso llega en un momento en el que Bolivia registra 199 fallecidos y 4 mil 919 casos confirmados de COVID-19, en un país de unos once millones de habitantes.
