Expertos de la ONU exponen condiciones inadecuadas de detención en Venezuela

Grupos de trabajo y relatores reiteraron su preocupación ante el uso frecuente de las denominadas desapariciones forzadas de corta duración

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Carteles con imágenes de presos políticos en Venezuela. Foto EFE

Grupos de trabajo y relatores de la ONU expusieron las condiciones inadecuadas de detención en Venezuela, según las alegaciones incluidas en un documento publicado por la ONG Provea, que menciona su agravamiento después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Estas condiciones incluyen -según el documento- una sistemática falta de acceso adecuado a alimentación, agua y saneamiento, atención y tratamiento médicos en centros de detención, penitenciarios y preventivos.

De acuerdo con las denuncias recibidas, estas condiciones de reclusión afectarían de manera particular a mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

De manera particular se menciona a los privados de libertad Anthony Molina, Emirlendris Carolina Benítez, María Auxiliadora Delgado, Juan Carlos Marrufo, Josnars Baduel, Oreste Alfredo Schiavo, Javier Tarazona, Ramón Centeno, Juan Nahir Zambrano, Olvany Marian Gaspari, Uaiparú Güerrere, José Ignacio Moreno, Luis Camacaro, Dignora Hernández, Williams Dávila, Perkins Rocha, Yenny Barrios y Biagio Pilieri.

“Según las alegaciones, varias de estas personas habrían sido víctimas de desaparición forzada”, indicaron los expertos de Naciones Unidas (ONU).

El documento, fechado el 13 de noviembre de 2024, se hizo público después de 60 días de plazo para que el gobierno de Nicolás Maduro respondiera a seis relatores y dos grupos de trabajo, que pidieron información sobre estas personas detenidas en Venezuela.

 

Obstáculo para garantizar derechos

Los mecanismos de la ONU señalaron que las condiciones de detención inadecuadas en Venezuela, tanto en centros preventivos como penitenciarios, representarían un obstáculo para garantizar una atención médica y condiciones sanitarias adecuadas, así como la seguridad alimentaria de las personas privadas de libertad.

Estas condiciones estarían agravadas por el hacinamiento y el uso excesivo e inadecuado de la prisión preventiva, que no debe superar las 48 horas, pero de la cual se tiene constancia de casos en los que una persona tiene hasta 10 años privada de libertad en centros de reclusión temporales.

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“Por su naturaleza, los centros de detención preventiva no tendrían las condiciones para garantizar una alimentación adecuada, atención médica y tratamiento de enfermedades para el mantenimiento de la salud física y mental de las personas privadas de libertad ahí, por lo que dependen principalmente de sus familiares para acceder a bienes de primera necesidad”.

Asimismo, las condiciones de los centros penitenciarios de máxima seguridad han sido reportadas como particularmente preocupantes, según el documento que particularmente menciona el Rodeo I, el cual continuaría presentando condiciones de detención inhumanas y degradantes después de su reinauguración.

 

Preocupación por desapariciones de corta duración

Los expertos de la ONU expresaron serias preocupaciones sobres los derechos a un juicio justo de las personas detenidas y mencionadas en el documento.

Además de garantizar el acceso a representantes legales, las normas internacionales sobre el derecho a un juicio justo también establecen que los acusados deben disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa y deben poder comunicarse con un representante legal de su elección, indicaron.

También reiteraron su preocupación ante el uso frecuente de las denominadas desapariciones forzadas de corta duración, "perpetradas durante periodos pre y poselectorales".

La desaparición forzada temporal de candidatos y sus partidarios poco antes o el mismo día de las elecciones les impide participar en los comicios y crea un efecto amedrentador entre otros candidatos, y a veces también entre los votantes, indicaron.

“Estas prácticas demuestran el impacto más amplio de las desapariciones forzadas en el proceso electoral, que va más allá de la violación de los derechos individuales, teniendo un impacto duradero en el tejido democrático de los Estados”, añadieron.

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