El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó hoy mediante un comunicado que el expresidente peruano Alan García Pérez, a quien se le investiga por colusión agravada y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht en Perú, solicitó asilo a Uruguay.
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, consideró que «existen suficientes elementos de convicción» para declarar fundada la medida solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, a fin de investigar los presuntos «actos ilícitos de concertación» de la licitación de la línea 1 del metro de Lima a la empresa brasileña Odebrecht.
El fiscal Pérez dijo en sus alegatos ante el juez que García y otros miembros de su Gobierno, «en su condición de funcionarios del más alto nivel habrían favorecido a la empresa Odebrecht, que formó el consorcio Tren Eléctrico».
Sostuvo también que el exmandatario no ha brindado una información correcta a la Fiscalía sobre su lugar de residencia, lo que señaló como una de las razones para que se ordene una medida cautelar.
«Él (Alan García) ha señalado que es de público conocimiento que vive en Madrid; sin embargo, cuando la Fiscalía lo citó dijo que vivía en Miraflores, lo que evidencia que no ha dado la información correcta a la Fiscalía», apuntó.
Pérez solicitó el impedimento de salida del país contra García luego de ampliar la investigación preliminar por el caso del Metro de Lima a los delitos de colusión y lavado de activos, tras conocer los nuevos indicios de que García habría recibido 100.000 dólares de la Caja 2 de Odebrecht, por intermedio de la empresa del abogado José Américo Spinola, por una conferencia desarrollada en Brasil. EFE
