El expresidente de Petrobras Aldemir Bendine. (Cortesía)
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La Policía Federal brasileña (PF) detuvo hoy al expresidente de Petrobras Aldemir Bendine, quien había sido nombrado al frente de la petrolera estatal con la misión de “sanearla” tras el inicio de la Operación Lava Jato.

Bendine es el primer expresidente de Petrobras encarcelado en el marco de esa investigación que desde 2014 se tradujo en duras condenas o en graves acusaciones contra decenas de políticos de casi todos los partidos y de empresarios de alto rango, implicados en una vasta red de sobornos.

Había sido nombrado en febrero de 2015, casi un año después del inicio de la operación, una de las mayores del mundo contra la corrupción. Y permaneció en funciones hasta mayo de 2016. De 2009 a 2015 había sido presidente del Banco do Brasil (BB), otra de las grandes estatales del país.

Según el Ministerio Público y la PF, Bendine recibió en 2015 tres millones de reales (885.000 dólares al cambio promedio de ese año) para favorecer a la constructora Odebrecht, en el centro del escándalo Petrobras.

Los sobornos se entregaron en tres parcelas de un millón de reales cada uno y los pagos “solo se interrumpieron con el encarcelamiento del entonces presidente del Grupo Odebrecht”, Marcelo Odebrecht, en junio de 2015, precisó la PF.

Bendine fue detenido en Sao Paulo y trasladado a Curitiba (sur) por orden del juez Sergio Moro, a cargo de la Lava Jato en la primera instancia.

Otras dos personas fueron detenidas en el operativo, que incluyó una docena de registros en los estados de Pernambuco (noreste), Rio de Janeiro, Sao Paulo (sudeste) y en la capital, Brasilia.

Moro consideró en el acta de acusación que los procedimientos debían realizarse “antes del 28 de julio de 2017”, considerando que en esa fecha Bendine debía realizar un viaje a Prtugal, “caracterizado como una posible fuga”. Según la Fiscalía, tenía solo pasaje de ida, aunque sus abogados aseguran que también había reservado la vuelta.

Antes de estar al frente de Petrobras, Bendine trató de chantajear a Odebrecht en tanto que presidente del BB, según la fiscalía.

“Bendine, aún como presidente del Banco do Brasil, solicitó un soborno de 17 millones de reales de Odebrecht”, detalló el fiscal de la República Athaide Ribeiro Costa en una rueda de prensa en Curitiba.

La empresa denegó el pedido, pero el funcionario volvió a solicitar dinero al saber que sería nombrado al frente de Petrobras, con el argumento de que en ese cargo estratégico “podría perjudicar a la constructora”, añadió el fiscal.

Esa vez, su pedido fue atendido, agregó.

El actual presidente de Petrobras, Pedro Parente, aseguró que la empresa tomó medidas para impedir que esos desvíos se repitan.

“Antes bastaba con una decisión unilateral de un único director para adoptar una decisión”, cosa que ahora ya no ocurriría, dijo Parente, según un trecho adelantado de una entrevista concedida a la periodista Miriam Leitao, de TV Globo.

Además, “ningún ocupante de un cargo (…) puede ser nombrado sin verificación previa de su integridad”, agregó.

“Nada contra Rousseff”

Bendine fue nombrado bajo la gestión de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff (2011-2016) y “utilizó el nombre de la presidenta de la República para promocionarse ante la constructora”, señaló el fiscal. Pero la investigación “no halló nada” susceptible de incriminar a la exmandataria, agregó.

Rousseff fue destituida el año pasado por el Congreso bajo la acusación de manipular las cuentas pública y reemplazada por su vicepresidente, el conservador Michel Temer.

El expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) fue condenado recientemente por Moro a nueve años y medio de cárcel por corrupción pasiva. El exlíder sindical, que puede apelar en libertad, niega tajantemente los cargos y los atribuye a una voluntad de bloquear su eventual retorno al poder en las elecciones de octubre de 2018.

El presidente Temer fue denunciado por su lado por la Fiscalía General como presunto beneficiario de un soborno de 500.000 reales pagados por el gigante de la alimentación JBS. La Cámara de Diputados debe decidir la semana próxima si encamina esa denuncia a la corte suprema o si la archiva.




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