Expresidente sudafricano afirma estar listo para ser encarcelado por desacato
/ Foto: EFE

El expresidente Jacob Zuma afirmó hoy que está “listo” para convertirse en el “primer prisionero” del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, corte que actualmente estudia si imponerle una pena de dos años de prisión por desacato por sus reiteradas negativas a declarar en investigaciones de corrupción.

“Estoy listo para convertirme en prisionero del Tribunal Constitucional”, señaló hoy el exmandatario en un escrito dirigido al presidente del Poder Judicial del país, Mogoeng Mogoeng.

Zuma contestó así a una petición remitida la semana pasada por ese mismo magistrado en un intento de que el expresidente, que rechaza participar en los procesos de desacato abiertos contra él por considerarlos una persecución política, se pronunciase sobre la pena que él mismo consideraría apropiada por sus faltas.

“Está claro para todos que nada puede persuadir al Tribunal Constitucional para no encarcelarme”, subrayó Zuma en su respuesta a Mogoeng.

“Es una farsa y un intento de desinfectar la gravedad de la forma represiva en la que la Corte ha abordado mis asuntos”, agregó.

Se enfrenta a pena de dos años

Zuma, que podría recibir una pena de hasta dos años de cárcel por sus desacatos, acusa al Poder Judicial de violar sus derechos constitucionales y de ser un “instrumento para favorecer las narrativas políticas dominantes”.

El conflicto de Zuma con el Poder Judicial surge de sus repetidas negativas a declarar ante una comisión de investigación que, presidida por el número dos del Constitucional, el juez Raymond Zondo, estudia la sonada trama de corrupción conocida como la “Captura del Estado”.

Esa investigación analiza si, durante los años de gobierno de Zuma (2009-2018), el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que presuntamente definían incluso la entrada y salida de los ministros en función de sus intereses.

La Comisión de Investigación de la Captura del Estado no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden usarse como pruebas ante los tribunales en el futuro.

Acusa destrucción de su legado

Zuma, sin embargo, afirma que esta comisión -que él mismo creó en sus últimas semanas de mando, poco antes de ser forzado a dimitir por su propio partido- busca destruir su legado como presidente.

Por ello, ignoró repetidamente las citaciones para declarar incluso después de que el Constitucional emitiera un dictamen especificando que son de obligado cumplimiento.

Esto propició que la Comisión elevase ante el Constitucional una acusación contra él por desacato y pidiera como castigo dos años de cárcel.

La vista por el cargo de desacato se celebró este 25 de marzo, sin participación alguna de Zuma, y la decisión final del máximo tribunal sudafricano, que no tendría posible apelación, aún está pendiente.

Las acusaciones de la “Captura del Estado” no son, en cualquier caso, las únicas que pesan contra Zuma.

En paralelo, el expresidente está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.

Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada. EFE




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