El expresidente sudafricano Jacob Zuma (c), en el Tribunal Superior de Pietermaritzburg el 11 de octubre de 2019. AFP

El expresidente sudafricano Jacob Zuma, obligado a dimitir en 2018, será juzgado por corrupción puesto que la justicia del país se negó este viernes a retirar los cargos en su contra en un caso de venta de armas.

Jacob Zuma, en el poder desde 2009 hasta 2018, es sospechoso de haber recibido cuatro millones de rands (240.000 euros según la cotización actual) de sobornos por parte del grupo de defensa francés Thales, a cambio de un contrato de armamento de casi 4.000 millones de euros firmado en 1999.

A principios de este año, el expresidente había pedido que se retiraran los cargos de corrupción, lavado de dinero y extorsión en este caso y se consideró víctima de una “caza de brujas”.

El tribunal tomó la decisión por unanimidad, pero el exdirigente, presente en el tribunal este viernes, todavía puede apelar la decisión.

El Tribunal Superior de Pietermaritzburgo dio la razón a la fiscalía, que había alegado que los argumentos de defensa de Zuma eran “escandalosos”.

El ministerio público acogió con satisfacción esta decisión y añadió que “el caso será oído la próxima semana por el Tribunal Superior de Pietermaritzburgo, del 15 al 18 de octubre”.

Se trata del primer juicio por corrupción a Jacob Zuma, enredado en una serie de escándalos que provocaron su caída en febrero de 2018. Abandonado por su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC) del difunto Nelson Mandela, fue obligado a dimitir.

Zuma fue reemplazado por el nuevo jefe del ANC, Cyril Ramaphosa, quien prometió limpiar su partido y el país de la corrupción.

Sin embargo, el inicio del juicio podría retrasarse debido a las posibilidades de apelación. “Esto se alargará aún más”, advirtió un analista político, Xolani Dube, interrogado por la AFP.

Este caso ya ha sufrido múltiples giros judiciales. Las acusaciones contra Jacob Zuma se suspendieron y se restablecieron en varias ocasiones, a raíz de los recursos y de las controvertidas decisiones del fiscal general. AFP




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