La decisión fue emanada por la Sala Constitucional, que ha frenado casi todas las leyes propuestas desde enero de 2016. (Foto referencial)
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Una investigación seria sobre la responsabilidad política del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y las autoridades del Banco Central de Venezuela, en la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, se acordó este lunes durante el foro denominado “El peor ecocidio de la historia”.

Los panelistas, entre los que destacaron el constituyente Freddy Gutiérrez, la ex ministra Ana Elisa Osorio; el exrector de la Universidad Indígena de Venezuela, Esteban Emilio Mosonyi Szász, el mayor general (r) Clíver Alcalá Cordones, el activista Santiago Arconada;  y el politólogo Nicmer Evans, coincidieron al esbozar el grave panorama que se le avecina al país, lleno de contaminación y devastación para el ecosistema y para la salud de todos los venezolanos.

Los presidentes de las comisiones permanentes de Política Exterior, Soberanía e Integración y de Contraloría, diputados Luis Florido y Freddy Guevara, informaron que el foro serviría como herramienta para el conocimiento del impacto económico y social de la explotación del Arco Minero del Orinoco y del supuesto problema de corrupción que existe detrás del decreto presidencial 2248.

Decreto 2248 es una amputación del territorio

El aspecto legal fue abordado por Freddy Gutiérrez, quien considera que con el decreto 2248 el presidente Maduro dictó la amputación de la República Bolivariana de Venezuela. “Decidió amputar 112 mil kilómetros cuadrados del Territorio Nacional, espacio que es más grande que Cuba, Irlanda o Croacia. Se trata de la creación de un Estado dentro de otro Estado. Maduro hizo caso omiso a las advertencias y dictó un decreto en un acto inmotivado, porque para que un decreto tenga validez debe tener motivos, debe definir cuáles son sus razones de ser”.

El constituyente cuestionó que una de las primeras compañías contratadas por el Estado para la explotación del Arco Minero del Orinoco (que abarca parte de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) sea la Gold Reserve Inc de Canadá.

“Una empresa que perjudica tanto a Venezuela, que si el Estado resuelve algún convenio, será la Gold Reserve la que cobraría los beneficios. Y así ocurre con varios memorandos de entendimientos firmados por Maduro”. Agregó que esta compañía tiene muy mala fama en su país y el gobierno no tomó en cuenta eso.

Gutiérrez advirtió que el decreto, además de establecer de manera obscena lo concerniente a los tributos fiscales, restringe la posibilidad de asociación en su artículo 25. “Si a un periodista se le ocurre investigar sobre la explotación en el arco, podría ser fuertemente sancionado con prisión, incluso. Porque el decreto nos retrotrae al pasado, nos está llevando al feudalismo. Es el dominio del presidente desconociendo las atribuciones de los otros organismos”.

Decreto 2248 establece la limpieza étnica

Esteban Emilio Mosonyi Szász, alertó sobre la posibilidad de una limpieza étnica en el país. “Ese desarrollo del Arco Minero no es otra cosa que una posibilidad mortal, es el fin de Venezuela, de un país, es un ecocidio. Aún si se explotara solamente la mitad del arco, el golpe sería mortal”.

Aunque es optimista sobre el futuro del decreto y su nulidad, subrayó que no se trata de la revolución o la oposición, sino del riesgo que está corriendo la soberanía de un país. “No hay minería ecológica. Ni Dios ni los espíritus tutelares que rigen a los pueblos originarios permitirán el mayor ecocidio de la historia. Son 180 compañías que desalojarían a las comunidades indígenas”.

Criticó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por desestimar la solicitud de nulidad del decreto alegando que los argumentos son insuficientes.

Decreto 2248 establece un Estado Paralelo

El mayor general Alcalá Cordones, el decreto 2248 crea un Estado paralelo. Comentó que en el Arco Minero del Orinoco nadie podrá meterse con las empresas que allí funcionen, solamente el ministro de la Defensa, ni siquiera los jefes de las zonas de las tres entidades involucradas.

Habló sobre el mineral Coltán y la proliferación del cáncer con motivo de las minas a cielo abierto que se desarrollarán en el arco. El militar retirado está convencido de que el decreto será anulado porque son muchos los venezolanos que están en contra del mismo. “Tenemos que luchar contra la minería actual. Esa lucha me costó mi trabajo”- dijo al tiempo de señalar que la difteria se ha desatado con motivo de la explotación minera.

Asimismo, insinuó que con los vértices que se plantean en el decreto sobre el Arco Minero del Orinoco se está entregando el territorio Esequibo. “No solamente es responsable el presidente Nicolás Maduro, sino su Consejo de Ministros”.
Personajes del gobierno y de la oposición están en el negocio

Nicmer Evans pidió a los diputados que propongan una investigación para conocer qué personajes del gobierno y de la oposición están interesados en la explotación del Arco Minero del Orinoco.

“Lamentablemente un sector de cada bando se frotan las manos cuando de ‘extractivismo’ minero y fuga de capitales se trata”- indicó al tiempo de señalar que se debe indagar qué está detrás del arco y quién se enriquece con éste.

Aseguró que posteriormente de esta figura existen conexiones financieras y entes políticos que están detrás de las compañías contratadas. Mencionó apellidos muy conocidos, Cisneros y Bush, como los dueños de algunas de las empresas contratadas para la extracción en el arco.

“Más traidor es Nicolás Maduro porque es él quien se sienta con Kerry (Secretario de Estado de EE. UU.) a negociar. No debe utilizar la política para convertir a Venezuela en el patio trasero de quienes extraen nuestras riquezas”, dijo Evans.

Asamblea Nacional




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