La profesora María Luisa de Maldonado. (Foto cortesía).

En conversatorio realizado en la sede de Ipapedi, la exrectora María Luisa de Maldonado hizo un recuento sobre la legislación laboral en Venezuela y el reconocimiento de las prestaciones sociales del sector universitario, después de demostrar que se trata de un importante derecho.

Allí la docente expresó que es necesario recalcular retroactividad a jubilados, desde 2012 hasta la fecha.

En calidad de ponente del conversatorio, Maldonado hizo un recuento de los antecedentes legales, pasando por la ley del trabajo de 1936 y las importantes modificaciones de los años 1974 y 1975 en las cuales las prestaciones sociales pasaron a ser un derecho adquirido.

Mencionó la primera Ley Orgánica de Trabajo de 1991, el nuevo régimen de prestaciones sociales con la ley de 1997 que produjo 22 importantes cambios con un efecto económico en los beneficios laborales de 86%.

“Así llegamos al año 2012 con una nueva ley que mantiene el depósito de la antigüedad durante la vida activa del trabajador y regresa la retroactividad desde 1997 en adelante”, dijo la ex rectora.

La profesora Maldonado recordó el primer pago de intereses sobre prestaciones sociales en las universidades nacionales, ocurrido en el 2000, elaborado por ella, y expresó que fue un arduo trabajo de cuantificación de la deuda de todo el sector universitario, pero con extraordinarios  resultados de reconocimiento de 24 años de dicha deuda desde 1976 hasta el 2000 y posteriormente continuaron los pagos de intereses.

Explicó que después de 2022 se han realizado cuatro pagos más, en los años 2003, 2004, 2006 y 2007 y que a partir de 2012, el gobierno pagó de manera centralizada los intereses sobre prestaciones sociales.  “En la actualidad tenemos pendiente recalcular la retroactividad a todos los jubilados desde 2012 hasta la presente fecha”, señaló.

El conversatorio en el que  fungió de moderadora la profesora Yamile  Delgado de Smith y como relatora, Nuvia Pernía, concluyó con un caso práctico de una jubilada de 2022, en el cual quedó demostrado que existe una deuda con los jubilados porque la retroactividad del 2012 llegó con 15 años a partir de 1997.

 

Con nota de prensa




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