El ex vicepresidente independentista de Cataluña, Oriol Junqueras, compareció el jueves ante tres magistrados del Tribunal Supremo para pedir su puesta en libertad para poder ejercer sus «derechos políticos», informó una fuente judicial.
La audiencia comenzó sobre las 10H45 (09H45 GMT), según un portavoz del Supremo, y en ella la defensa apelará la decisión del juez de instrucción del caso, Pablo Llarena, de mantenerlo en prisión preventiva. Finalizó alrededor de las 13h00.
La vista, a la que asistió Junqueras, encarcelado desde hace dos meses, se produjo después de las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña, en las que salió escogido diputado como cabeza de lista del segundo partido independentista catalán Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).
Días después de la proclamación de una «República Catalana» votada por el parlamento regional el 27 de octubre, Junqueras, doctor en historia de 48 años, fue inculpado de «rebelión» y «sedición» por participar en el proceso de secesión unilateral de Cataluña con España.
Vicepresidente del gobierno de Carles Puigdemont, Junqueras se encargó de los preparativos del referéndum inconstitucional del 1 de octubre y también de la puesta en marcha de una administración fiscal independiente.
El juez Llarena rechazó liberarlo a principios de diciembre considerando que el riesgo de reiteración del delito era muy elevado.
El juez se basa en un documento encontrado en casa de su mano derecha en un registro en el que define la estrategia del núcleo duro del independentismo para alcanzar su objetivo. El texto no está fechado ni firmado.
El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, explicó haber alegado la ausencia del riesgo de «reiteración delictiva» y que nunca hubo delito de «rebelión», dado que no fue un movimiento violento, uno de los requisitos para este tipo penal. Junqueras «defiende la vía del diálogo», afirmó.
«Lo que ha dicho es que le dejen estar en libertad, que le dejen representar a la gente que le ha votado, que le dejen estar con su familia, aseguró a la prensa tras la vista.
El letrado había estimado el miércoles que su cliente debe poder ejercer su «derecho a la representación política» como diputado y, si sigue preso, debe ser acercado a Cataluña para obtener permisos de salida y asistir a los debates parlamentarios importantes.
La decisión del Supremo tiene consecuencias políticas: los independentistas se juegan la mayoría absoluta obtenida en el nuevo parlamento, con 70 escaños sobre 135.
Ocho de ellos no pueden acudir por ahora a la cámara porque cinco están huidos a Bélgica y otros tres en prisión.
Y los independentistas necesitan al menos a seis de ellos para conservar los 68 diputados que garantizan la mayoría, ya sea saliendo de la cárcel o cediendo sus escaños a otros compañeros.
